Las empresas de la UE gastan 31.800 millones en investigación redundante
Con una precaución tan simple como la de solicitar información en sus respectivas oficinas nacionales de propiedad industrial antes de invertir tiempo y dinero en investigación, las empresas europeas podrían ahorrarse no miles, sino millones de euros al año. Según cifras publicadas por la Comisión Europea, las compañías comunitarias gastan 31.800 millones de euros anuales en investigaciones redundantes, es decir, en invenciones en muchos casos ya patentadas.
La propia Comisión atribuye a la falta de información de los investigadores sobre el funcionamiento del sistema de patentes buena parte de esta situación. En el caso de España, por ejemplo, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), organismo dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ofrece un servicio de búsqueda documental que permite rastrear la existencia de investigaciones ya patentadas o en fase de solicitud de patente.
Según Carmen Toledo, jefa del servicio de búsqueda de la oficina, la OEPM realiza dos tipos de búsqueda: una hecha a la medida de cada empresa y otra a través de boletines trimestrales de vigilancia tecnológica. La primera tiene un coste de entre 18 y 82,5 euros, según la búsqueda sea en el ámbito nacional o mundial. La segunda, que hasta el momento cubre sólo ciertos sectores, alcanza los 298 euros.
Pero las investigaciones redundantes no son el único problema al que se enfrenta el sector europeo científico y tecnológico. Otro de los agujeros que Bruselas ha detectado tiene que ver con el retraso que ocasionan a la publicación de avances científicos los trámites de solicitud de las patentes.
Retraso científico
Así, la CE acaba de publicar una encuesta en la que se refleja que buena parte de los investigadores, especialmente los menos experimentados, considera que el deber que imponen las legislaciones europeas de no divulgar el contenido de una invención como requisito para poder patentarla ocasiona retrasos en las publicación de los resultados científicos a la comunidad investigadora. En muchas ocasiones esta circunstancia desanima a los investigadores, que optan por publicar rápidamente su descubrimiento y, como consecuencia de ello, renuncian a patentarlo.
'En particular para los investigadores del sector público, que están obligados a divulgar rápidamente sus resultados entre la comunidad científica, puede surgir un conflicto entre la estrategia de la rápida publicación y la estrategia de protección mediante patente', reflexiona la Comisión. La solución a esta paradoja europea, como la define la propia Bruselas, tiene una doble vertiente. Según la encuesta realizada por la CE, la mayor parte de las empresas se muestran partidarias de la posibilidad de solicitar una patente provisional, que proporcione una cierta protección al investigador y le permita al mismo tiempo divulgar sus investigaciones mientras se tramita la solicitud definitiva.
Por su parte, el sector académico y las pymes se inclinan por el establecimiento de un periodo de gracia, que también permita a los investigadores divulgar los avances sin perder por ello la opción de patentarlos posteriormente.
En cualquier caso, Europa sabe dónde está su punto débil. 'Una gran cantidad de pequeñas empresas e institutos públicos de investigación no dispone todavía ni del personal ni de los recursos para gestionar su propiedad intelectual', reconoce Bruselas.