El Supremo prorroga dos meses el plazo para dictar la sentencia del "caso Banesto"
La vista de los recursos de casación en el Supremo concluyó la semana pasada. El alto tribunal debe decidir si confirma o no la condena de 10 años y 2 meses de prisión que la Audiencia Nacional impuso al ex presidente de Banesto Mario Conde, lo que llevaría al ex banquero de vuelta a prisión, donde ya estuvo por el "caso Argentia Trust".
La Audiencia Nacional condenó además por el "caso Banesto" al ex vicepresidente segundo del banco, Arturo Romaní, a 13 años y 8 meses de prisión, al ex consejero Rafael Pérez Escolar a seis años y dos meses y al ex director general, Fernando Garro, a 6 años.
En la vista en el Supremo, la defensa de Conde solicitó la absolución de su patrocinado o, alternativamente, una rebaja de la condena, tras haber refutado los delitos que se le atribuyen y después de reiterar que su actuación no causó perjuicio a Banesto y que tampoco engañó a su consejo de administración.
La Audiencia Nacional consideró probado que cometió delitos de apropiación indebida y estafa continuada por su intervención en las operaciones conocidas como "Cementeras" y "Concha Espina y Oil Dor".
Por su parte, la fiscal del Supremo Soledad Cazorla y hasta ocho acusaciones particulares solicitaron un agravamiento de las penas para Conde y para el resto de ex miembros de consejo de administración por los delitos de falsedad y maquinación de las cuentas que presentaron a los accionistas. La Audiencia les absolvió de estos delitos porque los artificios contables no eran delito en el Código Penal antiguo.
La fiscal y las acusaciones pidieron además que se considere como delito continuado de apropiación indebida la retirada de 300 millones de caja del banco, que ordenó Conde y justificó como pagos políticos. Si el Supremo aceptase esta propuesta, el financiero tendría que hacer frente a nuevas penas, porque el hecho punible no habría prescrito.
El letrado de Conde impugnó ambas peticiones que, de salir adelante, podrían derivar en un endurecimiento de la pena, y argumentó que, en el peor de los escenarios, a Conde no se le puede atribuir la autoría de los hechos que se les imputan sino, en todo, caso considerarle "cómplice".