El PP dice que está dispuesto a negociar el límite de edad de los consejeros
La entidad cordobesa Cajasur, controlada por la Iglesia, quedará fuera de la Ley Financiera que prepara el Gobierno gracias a un estatuto especial por el que pasaría a depender del Ministerio de Economía, y no de la Junta de Andalucía. Así lo prevé una enmienda del PP en atención a la particular naturaleza de esta caja, fundada por la Iglesia. La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía calificó ayer esta enmienda de 'bofetada' a los andaluces. Magdalena Álvarez advirtió de que si se confirman los planes del PP para Cajasur, el Ejecutivo andaluz daría por vulneradas las competencias autonómicas y recurriría la Ley Financiera.
Álvarez consideró una 'politización manifiesta' el traslado del ámbito de decisión al ministerio y calificó de 'cinismo' que se impute a la Junta esta misma acusación. 'Si tomo yo la decisión está politizada, y si la toma Rato, no', ironizó. Respecto a la limitación de la participación política en estas entidades, criticó que los presidentes del Partido Popular en Cantabria y Navarra sean presidentes de las cajas de dichas zonas, aunque 'ellos no quieren politización de las cajas'.
Mientras, el portavoz económico del PP, Vicente Martínez Pujalte, aseguró ayer que su formación está dispuesta a 'negociar con todos (los partidos)' su enmienda a la Ley Financiera sobre la limitación de edad de los consejeros y presidentes de las cajas de ahorros, que los populares han fijado en 70 años.
'Estamos simplemente estableciendo una edad que podría ser otra; no somos dogmáticos en absoluto', aseguró Pujalte, quien aun así dejó claro que los requisitos para ser consejero de una caja son competencia del Estado. Pujalte, además, recalcó que las propuestas del PP en esta materia 'no invaden en absoluto competencias (de las comunidades autónomas)' y que 'hemos sido extremadamente respetuosos' con las facultades de las autonomías.
Llama la atención el hecho de que esta limitación de edad que quiere imponer el PP es la misma que introdujo la Junta de Andalucía en la ley de cajas de esta comunidad autónoma, y que derivó en la presentación por parte del Gobierno central de un recurso en el Tribunal Constitucional (este recurso incluía más quejas, aunque una de las principales era la edad), que fue admitido a trámite, en febrero de 2000, y aún está pendiente de fallo.
En aquella ocasión el PP argumentó, entre otras razones, que este limite iba directamente contra el presidente de la caja cordobesa, Miguel Castillejo.
CiU, por su parte, volvió a reiterar ayer que la limitación de la edad de los consejeros de las cajas es competencia de la Generalitat, por lo que aseguró que presentará 'casi seguro' un recurso contra la Ley Financiera ante el Tribunal Constitucional si finalmente se fija el límite de los 70 años.
Aunque esta enmienda afecta a casi 200 consejeros, entre ellos a cinco presidentes de cajas catalanas, ha sido el presidente de La Caixa, Josep Vilarasau, el que ha logrado que tome mayor protagonismo. No en vano, Vilarasau podría dejar su cargo en octubre, unos meses antes de que se plantee su reelección en enero de 2003. En octubre se inicia la reelección de la mitad de la asamblea y consejo de La Caixa. En esas fechas, Vilarasau podría proponer a su sucesor, ya que cuenta con el apoyo del consejo. De momento, Vilarasau se ha puesto en contacto con todos los partidos políticos, la CECA y otros organismos para intentar paralizar esta enmienda.
Varias cajas medianas y pequeñas también se quejan de la enmienda sobre cuotas participativas, ya que ven en ella una vía para privatizar en el futuro las cajas. No comparten las intenciones del PP de que las cuotas puedan ser suscritas por personas jurídicas, como tampoco de que tengan representación en el máximo órgano de gobierno. 'Es una vía para que a medio plazo se den derechos políticos a los cuotapartícipes', dice un alto directivo de una caja.