Semana importante para la venta de la telefónica estatal en Paraguay
El Gobierno de Luis González Macchi tratará de salvar el actual calendario del proceso, que prevé la adjudicación de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO) el próximo 30 de mayo, a pesar de las acusaciones de parlamentarios y trabajadores de la compañía de haber llevado a cabo la venta con poca transparencia.
Senadores y diputados están convocados hoy para una sesión conjunta en la que se debatirá la posibilidad de solicitar la suspensión del proceso, ante la "aparición de irregularidades y la falta de un marco jurídico que garantice la apertura del mercado de telefonía".
El pasado 11 de abril, la Cámara de Diputados ya emitió una declaración en la que pidió el retraso de la venta -en aquel entonces prevista para el 30 de abril- por las carencias jurídicas y la escasa transparencia del proceso, lo que obligó al Gobierno a postergar la fecha hasta el 30 de este mes.
El Ejecutivo no tuvo opción, sobre todo, después de que la Contraloría General de la República denunciara la presunta contratación irregular de un notario amigo personal del presidente para realizar la escritura de constitución de la compañía estatal en sociedad, por un salario de más de medio millón de dólares.
La nueva prueba para el Gobierno puede desatar una crisis institucional si, finalmente, el Congreso pide la suspensión del proceso, ya que el Gobierno se quedaría únicamente con el respaldo legal que le brinda la ley de privatizaciones, pero sin la legitimidad política que precisa en la última recta del proceso.
El gabinete de González Macchi se reunió el pasado viernes de forma conjunta para cerrar filas en torno al presidente y salir con un mensaje de confianza en el actual calendario, 24 horas después de que el propio presidente del oficialista Partido Colorado, Nicanor Duarte Frutos, pidiera la paralización del traspaso.
"El Consejo de Ministros ha apoyado en forma firme y enfática la continuación del proceso de privatización de COPACO, cumpliendo con la ley que así dispone y el día 30 se llevará adelante el acto conforme está establecido", declaró al fin de la sesión el canciller, José Antonio Moreno Ruffinelli.
"Es sumamente importante que se cumpla con lo que se ha establecido, de lo contrario sufriremos un problema de credibilidad y eso afectará en el futuro a cualquier otra privatización", enfatizó el ministro al referirse a una de las principales preocupaciones del Gobierno: la credibilidad internacional.
Precisamente del exterior vienen los únicos puntos de apoyo a un Ejecutivo que se ha quedado sólo en la defensa del proceso, después de que el pasado día 17 de abril dimitieran en bloque los miembros del Consejo Deliberante de la Reforma, órgano en el que se encontraban representados todos los sectores sociales y políticos.
Las frecuentes visitas de emisarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fondo Monetario Internacional (FMI) han reiterado la necesidad de que Paraguay concluya en los plazos previstos la venta de COPACO.
Por si no fuera poco para el Gobierno, los más de 4.000 trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones (Sinattel) realizaron la semana pasada una huelga de tres días que tendrá su continuación a final de mes si el Ejecutivo no cumple con sus reclamaciones.
Portavoces de Sinattel aseguraron que el Gobierno "se expone a traspasar en pedazos" la compañía si no articula una forma para depositar en un banco de plaza, lejos del control y de la burocracia del Ministerio de Hacienda, los más de 70 millones de dólares que debe a los empleados por despidos.
La crisis regional tampoco favorece para que los aspirantes a la compra -Telefónica de España, Telefónica de Argentina, Telefónica de Brasil, Telekom de Alemania, asociada con la firma local Rieder, y Millicom de Estados Unidos, en alianza con la operadora Telecel- hagan una oferta que vaya más haya de los precios de base establecidos.
El Gobierno considera que si salva el calendario actual podrá traspasar COPACO en 200 millones de dólares y el compromiso de inversión de otros 200 millones para el adjudicatario, fondos imprescindibles para las maltrechas arcas del Estado.