La ley de Internet protegerá las transacciones comerciales en la Red

Para quienes han seguido paso a paso la evolución de los 20 borradores, primero, y del propio proyecto, después, éste ha sido un largo viaje. La alianza entre populares y CiU ha servido para sacar adelante finalmente en el Congreso el proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico pese a contar con el rechazo de la oposición, principalmente por parte del PSOE e IU.

La alianza entre el Grupo Popular y el Grupo Catalán ha servido para introducir dos novedades en el texto. La primera de ellas es la exención de responsabilidad por contenidos ilícitos a los operadores de redes y proveedores de acceso que realicen meros servicios de intermediación y transmisión de datos, a menos que esos datos hayan sido originados por ellos mismos.

La segunda se refiere a la obligación de comunicar al Ministerio de Justicia las resoluciones judiciales y extrajudiciales (arbitrajes, por ejemplo) relacionadas con Internet, a las que podrá tener acceso cualquier interesado.

El texto del proyecto, que ha incluido más de un centenar de enmiendas, la mayor parte de ellas técnicas, constituye la primera regulación de Internet en España y establece los siguientes principios:

La finalidad de la ley es regular y dotar de seguridad a las actividades económicas que se realicen en la Red en todo aquello que no esté regulado en las leyes generales españolas, que también son aplicables a Internet.

El texto impone, como norma general, dos grandes obligaciones a las empresas y prestadores de servicios. La primera de ellas es el deber de inscribir en el Registro Mercantil su nombre de dominio para permitir a la Administración y a los propios usuarios identificar los datos de la entidad que está detrás de cada dirección en la Red. La segunda, dirigida también a a proteger a los consumidores, obliga a las compañías a hacer públicos en su página web sus datos de identificación (denominación social, domicilio, NIF, etc.) y a informar a los posibles compradores del precio final de los bienes y servicios (incluido el transporte).

Además, las compañías deberán permitir visualizar, imprimir y archivar las condiciones generales de los contratos, es decir, la denominada letra pequeña.

El texto equipara los contratos electrónicos a los realizados en el mundo físico, liberando a los empresarios del deber de adjuntar los documentos en papel.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe el envío de mensajes publicitarios no solicitados (el denominado spam), salvo que el destinatario haya prestado su consentimiento expreso.

Las entidades que operen en la Red serán responsables por los contenidos de sus páginas webs y podrán ser sometidas por ello a fuertes sanciones, incluido el cierre de la página.

Una de los cambios que ha sufrido el texto, fruto de las presiones de la oposición y de las propias empresas y usuarios, es la aclaración de que sólo los jueces podrán clausurar los contenidos de Internet cuando éstos atenten contra el orden público o derechos fundamentales.

Las multas que establece el texto, con una cuantía máxima de 600.000 euros, también han sufrido modificaciones en el Congreso. El texto final elimina el mínimo inferior de las sanciones para hacer más flexible su aplicación.

Empresas y usuarios respaldan los cambios del texto

 

 

Pese a que recibieron las primeras versiones del proyecto con fuertes críticas, el texto que finalmente ha salido del Congreso ha sido bien recibido por las asociaciones de empresas de comercio electrónico y los usuarios de la Red. Así, la Asociación Española de Comercio Electrónico ha calificado de 'positivas' las modificaciones introducidas en la Cámara baja, especialmente la que exime de responsabilidad a los prestadores de servicios de intermediación por los contenidos que transmitan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra de las medidas respaldadas por las empresas ha sido la atribución exclusiva a los jueces de la potestad de intervenir los contenidos que atenten contra el orden público y los derechos fundamentales, así como la eliminación del tope mínimo en las multas sancionadoras. La Asociación de Internautas, por su parte, ha calificado de 'estupenda' la exención de responsabilidad de los intermediarios de datos, ya que consideran que permitirá que la ley 'se ciña' exclusivamente al comercio electrónico y no afecte a otro tipo de servicios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente de la asociación, Víctor Domingo, señaló que tras las modificaciones introducidas en el proyecto, el texto resulta 'muy satisfactorio' para los internautas. 'Apoyaremos todos los pasos que se den en la vía de que no se intente reprimir la sociedad de la información ni coartar la libertad de los internautas', explicó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo afirmó, sin embargo, que su asociación echa en falta que no se haya aprobado una reducción de las multas que se recogen en el proyecto.