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Nuevas Tecnologías

La CEOE propone medidas fiscales para incentivar el comercio electrónico

El Consejo Empresarial para la Sociedad de la Información (CESI), dependiente de la CEOE, acaba de dar a conocer un informe en el que propone una serie de medidas urgentes para impulsar el desarrollo de la sociedad de la información en España. De acuerdo con el estudio, el sector de las tecnologías de la información se encuentra sumido en España en una 'profunda crisis que incide claramente en el resto de los sectores y en la economía en general'.

La crisis del sector de las nuevas tecnologías es internacional. Sin embargo, en el caso de España se añaden, según el Consejo Empresarial para la Sociedad de la Información (CESI), los problemas de 'una elevada tributación, la incertidumbre reguladora e importantes problemas para el despliegue de infraestructuras'.

Esta situación supone que operadores y suministradores sufran en España, según esta entidad, 'elevados niveles de endeudamiento, una ralentización de las inversiones, el repliegue de las actividades de innovación y desarrollo tecnológico y la venta de activos no estratégicos y cierre de empresas y fábricas'. Todo ello con la consecuente pérdida de puestos de trabajo, que ha afectado a más de 450.000 personas en las empresas del sector de las telecomunicaciones.

De acuerdo con el CESI, esta situación no supone un mero problema sectorial, sino que afecta de forma muy negativa al crecimiento económico general actual y futuro.

Precisamente con el objetivo de tratar de enderezar esta situación, los empresarios han ideado una serie de medidas encaminadas a impulsar la sociedad de la información en España. Las líneas de acción se concretan en la puesta en marcha de un plan de divulgación entre empresas y ciudadanos, la aplicación de un conjunto de medidas de carácter fiscal que estimulen la oferta y la demanda y la sugerencia para la creación de un órgano interministerial que desarrolle un modelo de acción que impulse el sector.

El CESI evalúa la inversión necesaria para la puesta en marcha del plan de divulgación en 18 millones de euros anuales y propone que la financiación se realice conjuntamente por el Ministerio de Economía, las comunidades autónomas, las organizaciones empresariales, empresas del sector y la CEOE.

Otra de las propuestas del CESI pasa por el establecimiento de medidas de carácter legal o presupuestario que se deberían incluir en el próximo anteproyecto de ley de presupuestos, según esta entidad.

Entre las principales medidas destacan la ampliación de los porcentajes de desgravación por uso de nuevas tecnologías a las pymes, así como la introducción de deducciones por inversiones y gastos destinados a la mejora de servicios y soluciones en tecnologías de la información y comunicaciones.

Los empresarios proponen, además, ayudas para los hogares de forma que se incentive fiscalmente en el IRPF la adquisición de equipos y programas informáticos. La propuesta contempla la deducción de hasta 150 euros en la cuota a pagar del IRPF, ampliable hasta 300 euros para el caso de colectivos especiales. En este caso estarían las personas con hijos en edad escolar o quienes cursen estudios de formación básica en tecnologías de la información, por ejemplo.

También sugieren el establecimiento de ventajas fiscales para asegurar el acceso de los edificios de nueva construcción a las redes de comunicaciones y un plan renove para los ya existentes.

Subvenciones

Otra de las propuestas de los empresarios se refiere a la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de 'las partidas necesarias que permitan una subvención de 150 euros a los funcionarios que adquieran un ordenador para uso personal'.

Además, creen indispensable que los Ministerios de Ciencia y Tecnología y Educación impulsen una serie de programas que acerquen Internet a todos los públicos.

Por último, afirman que es necesario 'solucionar la descoordinación entre las Administraciones central autonómica y local' y mantener 'un liderazgo legislativo' por parte de la Administración central, 'evitando que los entes autonómicos y locales legislen indirectamente sobre las telecomunicaciones'.

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