El Estado destinará 3.380 millones de euros a financiar viviendas protegidas
El gasto estatal autorizado ayer está integrado por las subsidiaciones a los adquirentes de viviendas protegidas, que consisten en el pago de un porcentaje de la cuota de amortización del préstamo hipotecario (capitales e intereses) que el Estado abona, por cuenta del adquirente, a la entidad financiera que concede el préstamo y que puede llegar a ser hasta del 40% de la cuota para las familias con ingresos inferiores a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI).
El presupuesto ahora aprobado incluye también las ayudas a la entrada que los adquirentes reciben del Estado a través de la entidad financiera en el momento de la compra de la vivienda y que representan hasta el 11% de su precio para las familias con menores ingresos. Además tienen derecho a ayudas especiales adicionales los jóvenes (3.000 euros), las familias numerosas (de 3.000 euros a 4.200 euros) y aquellas unidades familiares con personas mayores a su cargo, con discapacitados o que sean monoparentales (900 euros).
El Consejo autorizó también al ministro de Fomento a firmar los convenios con las comunidades autónomas en los que se fijan, dentro del porcentaje de participación correspondiente, los objetivos iniciales del plan en cada región. El lunes está prevista la firma del convenio con la Comunidad de Madrid.
Aunque el ministro Francisco Álvarez-Cascos se ha resistido a establecer unos objetivos para este plan, están previstas aproximadamente un total de 353.878 actuaciones, repartidas entre 166.942 viviendas de nueva construcción, 22.607 adquisiciones de viviendas existentes, 117.590 rehabilitaciones de viviendas y 46.739 actuaciones de urbanización del suelo para viviendas protegidas.
El Consejo de Ministros autorizó además la firma de los convenios con las 114 entidades financieras que concurrieron a la convocatoria realizada por la orden ministerial de 11 de febrero y que han sido seleccionadas, de acuerdo con las mismas, para colaborar en el Plan de Vivienda 2002-2005.
El volumen máximo de los préstamos cualificados a conceder por las entidades de crédito para el programa 2002 asciende a 3.804,5 millones de euros, en los que está incluida la parte correspondiente a la reserva de eficiencia que, obviamente, no ha sido territorializada, ya que se irá asignando conforme las comunidades autónomas la vayan utilizando.
Con esta iniciativa se trata de facilitar el acceso a una vivienda a las familias con menos ingresos después de que durante los últimos cuatro años la construcción de estos pisos haya estado muy lejos de los valores alcanzados a principios de los noventa. En 2001 se iniciaron 48.688 viviendas de protección oficial, el 9,7% del total de viviendas iniciadas, que alcanzó la cifra de 498.283 unidades, de las que 449.595 fueron de renta libre, según datos facilitados por Fomento.