Las defensas de Romaní y Pérez Escolar piden que se revisen las sentencias
Las defensas del ex vicepresidente de Banesto, Arturo Romaní, y del ex consejero de la entidad, Rafael Pérez Escolar, rechazaron ayer los delitos de apropiación indebida y estafa imputados por la Audiencia Nacional a sus clientes, y el letrado de Romaní demandó, por su parte, que en todo caso, y en el supuesto de que su patrocinado hubiera participado en los casos en los que se le acusa, el delito y la pena asignada deberían de ser más leves.
Romaní, que se enfrenta a una pena de prisión de 13 años y ocho meses, la más amplia de la recibida por los cuatro condenados en el caso Banesto, espera que se revise el fallo emitido por la Audiencia Nacional en marzo de 2000 y se le dicte una sentencia 'justa' a su conducta en los hechos que se le imputan, defendió su letrado, José Rofes.
Ante la Sala Segunda del Supremo, en la que defensas, acusados y fiscal defienden esta semana sus recursos a la sentencia de la Audiencia Nacional, Rofes rechazó uno a uno los delitos que se imputan a su cliente y explicó, que aun en el caso de darse por buena su participación, ésta no se ajusta al delito asignado y que, por tanto, la pena debería reducirse. Las defensas de ambos acusados coincidieron en negar que sus clientes tuviesen dominio sobre los 1.344 millones de pesetas (8,08 millones de euros), de los que, según la sentencia, se apropiaron de manera indebida, junto con Mario Conde y Jacobo Hachuel, al ingresarlos en una cuenta de su propiedad en Liechtenstein (Suiza) y no en el banco.
Ambos letrados argumentaron que el hecho de que Banesto recuperase el año pasado este importe de manos de la Fundación Levis, controlada por el financiero Jacques Hachuel, demuestra que 'no tenían dominio sobre estos fondos'.
El letrado de Rafael Pérez Escolar, Javier Castrillo, consideró además 'manifiestamente erróneo' que la sentencia hable de distracción de fondos o sustracción de los mismos a Banesto, al estimar probado que 'jamás' llegaron al patrimonio del banco, lo que demuestra que 'Romaní no pudo distraer unos fondos que nunca jamás estuvieron en su posesión', insistió.
Por este caso, la sentencia condena a Romaní, como autor responsable de un delito de apropiación indebida, a cumplir cuatro años de prisión, y a Pérez Escolar, como cómplice, a cuatro meses de arresto mayor, de los seis que pesan sobre el ex consejero por su participación en varias operaciones. La defensa de Romaní también rechazó el delito continuado de apropiación indebida imputado a su cliente (junto con Mario Conde) en la operación conocida como Cementeras, con el argumento de que los 1.556 millones de pesetas (9,35 millones de euros) que obtuvieron los acusados aprovechado el intercambio de acciones y sociedades entre Banesto y Cementeras Valenciana, no figuraban en el pacto de venta.