La Ley Financiera impondrá finalmente el tope del 50% al peso público en las cajas
La Ley Financiera impondrá finalmente un límite del 50% a la representación de los intereses públicos (corporaciones locales, comunidades autónomas, etc.) en los órganos de gobierno de las cajas de ahorros. æpermil;sta es una de las reformas de mayor trascendencia para el sector que se incluirá entre las enmiendas que el Grupo Popular presentará el jueves en el Congreso de los Diputados, después de que ayer se ampliará de nuevo el plazo de presentación otras 48 horas. Irá acompañada de otras con el mismo objetivo de profesionalizar la gestión, como la irrevocabilidad de los mandatos y la limitación de la edad de los consejeros, y de otra que precisará la legislación sobre la emisión de cuotas participativas, un instrumento similar a las acciones, pero sin derechos políticos, pensado para que las cajas tengan mayores posibilidades de captar recursos, según explicó ayer el portavoz del PP, Vicente Martínez Pujalte.
Se completa así una reforma reclamada desde hace tiempo por las propias cajas, que, aunque últimamente confiaban en que el texto diera respuesta a sus reclamaciones, temieron durante muchos meses que la limitación de la representación pública no se incluyera entre las propuestas finales. La preocupación surgía, en buena parte, por la existencia de legislación comunitaria, que considera ayudas de Estado los préstamos de entidades en cuyos órganos de gobierno haya más de la mitad de peso público.
De hecho, este tope del 50%, que se incluyó en los primeros borradores de la Ley Financiera, fue la única de las propuestas que no figuraba en el documento que el Grupo Popular presentó a los medios de comunicación el pasado 27 de febrero como el texto base de la reforma de las cajas. Entonces, Martínez Pujalte esgrimió que la politización afectaba sobre todo a las entidades de comunidades autónomas gobernadas por los socialistas y no había sido posible alcanzar un consenso. Curiosamente, el grupo socialista sí que incluyó la medida en sus primeros documentos, aunque se vio obligado a retirarla ante la contestación de sus barones autonómicos.
La portavoz socialista María Teresa Costa señaló ayer que la intención del PP de limitar la participación política en las cajas atenta contra las competencias autonómicas. Costa advirtió, además, de que cabe la posibilidad de que alguna de las regiones presente un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias por parte del Estado.
Lo cierto es que aunque finalmente exista una legislación estatal, la efectividad de esta norma y su aplicación correcta dependerá de la colaboración autonómica para ponerla en práctica. De hecho, no servirá de mucho si las comunidades autónomas no modifican en el mismo sentido sus propias leyes autonómicas, ya que son los Gobiernos autonómicos los que pueden modificar sus propias leyes e imponer los porcentajes concretos.
En este sentido, Vicente Martínez Pujalte aseguró ayer que cuenta con el apoyo del Gobierno de la Generalitat valenciana, una de las comunidades gobernadas por el PP donde la representación pública en la ley de cajas supera este límite (llega al 56%).
En cuanto a la emisión de cuotas participativas, la Ley Financiera desarrollará la legislación existente al respecto, un real decreto de 1988 cuya falta de precisión ha disuadido hasta ahora a las cajas de utilizarlas ante el temor de que abriera las puertas a la privatización.
Martínez Pujalte evitó ayer precisiones sobre una de las propuestas que en las últimas semanas ha provocado más polémica, la referida a la limitación a los 70 años de la edad de los consejeros. Y es que a falta de conocer la redacción definitiva de la enmienda, la polémica surge en torno a sus posibles repercusiones en La Caixa, cuyo presidente, Josep Vilarasau, tiene ya 71 años.
Pujalte se limitó ayer a señalar que 'no va a ser de aplicación sólo para los que nazcan hoy', pero señaló que 'su transitoriedad y su régimen de aplicación' se verán el jueves en la redacción definitiva de la enmienda.