La defensa de Conde recuerda que el Banco de España no detectó falsedades

El abogado defensor del ex presidente de Banesto Mario Conde negó ayer en el Tribunal Supremo que su defendido ordenara falsear las cuentas de la entidad y apeló a que el Banco de España no fue capaz de detectarlo. Destacó que había tantos controles que 'hubiera sido imposible' no descubrirlo y rechazó la validez como prueba de los escritos del supervisor bancario en los que advertía de errores en la contabilidad.

La defensa del ex presidente de Banesto Mario Conde, que ejerce Antonio García-Pablos, negó ayer la participación de su defendido en los presuntos delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad por los que ya fue juzgado en la Audiencia Nacional. El ministerio fiscal y las acusaciones han pedido al Tribunal Supremo que le inculpe por los dos primeros, ya que fue absuelto. Además, la fiscal, Soledad Cazorla, solicitó el lunes ampliar la condena de 10 a 22 años.

La segunda jornada de la vista pública que se celebró ayer ante la sala segunda del Tribunal Supremo sirvió para que los abogados de los cuatro condenados por el caso Banesto (Mario Conde, Arturo Romaní, Rafael Pérez Escolar y Fernando Garro) expusieran sus recursos y alegaciones por la sentencia que dictó la Audiencia Nacional en marzo de 2000. æpermil;sta condenaba a Conde a 10 años y dos meses de cárcel por estafa en las operaciones Concha Espina y Oil Dor y apropiación indebida por la operación Cementeras.

Su abogado pide al Supremo la anulación y la rebaja de la pena impuesta. Conde no acudió, pero envió a su secretaria. En la vista, los argumentos de las defensas giraron sobre estas operaciones:

Artificios contables. Se trata de la supuesta ocultación del agujero de Banesto, cifrado en 605.000 millones de pesetas (3.636 millones de euros). La Audiencia Nacional absolvió a Conde. Las acusaciones reclaman cuatro años y seis meses de prisión.

La defensa de Conde negó que ordenara falsear las cuentas y apeló a que el propio Banco de España no fue capaz de detectar las irregularidades. Tachó la intervención de Conde de 'inverosímil' porque 'había tantos mecanismos' de control -entre los que citó la inspección del supervisor bancario y de auditores internos y externos- que 'hubiera sido imposible no detectarlo'.

Además, rechazó la validez como pruebas de los escritos que envió el Banco de España a Banesto en los que advertía de errores en la contabilidad. Admitió que hubo 'prácticas incorrectas', pero no delito. Además, hizo hincapié en que el delito de falsedad implica necesariamente la intención de causar perjuicio y aseguró que no hubo maquinación.

La defensa de otro de los condenados, el ex vicepresidente segundo de Banesto Arturo Romaní (condenado a 13 años), impugnó el recurso del fiscal, que pide inculparle. El letrado, José Rofes, afirmó que, pese a su cargo, Romaní 'no tenía poderes' para actuar sobre las cuentas. Y destacó la ausencia de inculpación del ex vicepresidente primero. Aceptó que, dada su responsabilidad en la corporación industrial de Banesto, la única operación en la que pudo estar implicado fue en la ligada a Asturiana de Zinc.

300 millones. La Audiencia Nacional absolvió a Conde por la retirada de la caja del banco de 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros) que aparentemente fueron un pago para Adolfo Suárez por su mediación ante el Banco de España por la ruptura de la fusión con el Banco Central. Consideró prescrito el delito, aunque dijo que está probado que ordenó el pago. El letrado de Conde lo admitió, pero matizó que no ejecutó la operación. 'Un presidente no se dedica a ver el número de maletas o de vehículos necesarios' para el traslado.

Insistió en que sólo hubo una única orden de pago. Intentó así rebatir la tesis de las acusaciones de que el delito fue continuado porque hubo dos pagos de 150 millones y, por tanto, el plazo de prescripción (10 años en vez de cinco) no ha terminado.

Concha Espina y Locales. La defensa del ex consejero Rafael Pérez Escolar, el único condenado por todos los delitos por los que se le imputó (seis años por estafa y apropiación indebida), traspasó la responsabilidad de la estafa a Romaní, como ordenante de la compra de cuentas de participación en el centro Concha Espina. Alegó que no hubo perjuicio para el banco.

Mientras, el defensor de Fernando Garro, ex director general, pidió anular la condenas por las operaciones Concha Espina y Locales y denunció imparcialidad porque los peritos fueron previamente los denunciantes.