El Congreso aprueba el texto de la Ley de Internet
Con el apoyo de CiU, el PP ha conseguido que se apruebe el Dictamen de la Comisión y enviar así al Senado una ley que llegó a ser calificada por la oposición de "inconstitucional" e "intervencionista" y que ha admitido más de un centenar de enmiendas.
En principio, con esta Ley se pretende incorporar al derecho español la directiva europea sobre comercio electrónico y, al mismo tiempo, sentar las bases para regular las actividades realizadas a través de Internet y de las nuevas tecnologías.
Esta doble vertiente de la ley ha sido criticada por el PSOE e IU, que aseguran que excede de sus competencias y llega a afectar a los derechos fundamentales de las personas, por lo que, en todo caso, tendría que tener carácter orgánico.
De hecho, la diputada socialista Francisca Pleguezuelos, aseguró durante el debate que "el gran error" del Ministerio de Ciencia y Tecnología ha sido hacer una ley que "va mucho más allá" de la mera transposición de la directiva europea y, "desde luego, se pasa".
Sin embargo, para el PP este texto es pionero incluso en el método de elaboración (se colgaron en Internet los borradores para que los interesados pudieran opinar), "compacto, equilibrado, integrado y consensuado", en palabras del diputado popular Juan Manuel Moreno.
CiU coincide con el PP y, según su diputado Jordi Jané, esta ley es "emblemática" y "necesaria", porque será la primera que regule Internet y la Sociedad de la Información en España y, por lo tanto, dé más seguridad jurídica a los usuarios.
Esta agrupación, que ha logrado que se le aprueben 41 enmiendas -textuales o transaccionadas-, valora las competencias autonómicas que establece el texto, aunque las considera insuficientes, y cree que ya deja claro qué órganos pueden tomar decisiones como el cierre de una página web.
La oposición criticó el texto original porque, en su opinión, "abría la puerta" a la intervención del Estado para censurar los contenidos de Internet", algo que CiU cree que ya se ha solventado a través de enmiendas, mientras que IU mantiene que aún es ambiguo.
En este sentido, Moreno insistió hoy en que el texto "no pretende atribuir más competencias a nadie" y que, por lo tanto, deja claro que "sólo una autoridad judicial podrá tomar estas decisiones".
Otro punto de coincidencia entre PSOE e IU es la opinión de que la ley no ayudará al desarrollo del comercio electrónico y de los servicios de la sociedad de la información en España, sino que lo entorpecerá, "ya que exige más a los prestadores de servicio en la Aed que la economía tradicional", en palabras de Pleguezuelos.
El texto de la Ley será ahora estudiado por el Senado, que lo devolverá al Congreso de los Diputados en un plazo aproximado de dos meses, con lo que se podría aprobar definitivamente a finales de junio.
La asociación de internautas ve "positivas" las modificaciones
El presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Miguel Pérez Subías, ha calificado de "interesantes" y "positivas" las modificaciones aprobadas hoy en el Congreso a la LSSI. El nuevo texto libera de responsabilidad a los proveedores de servicios en línea de los contenidos que aparezcan en sus webs, ya que evita una "debilidad jurídica". En su opinión, esta modificación a la LSSI es una "buena aportación" ya que de haberse responsabilizado a un portal o prestador de servicios de intermediación por colgar una determinada información ajena a la empresa podría haber sido utilizado para "atacar a la competencia". Igualmente, se congratuló de que el texto saliente de la Cámara Baja aclare que un prestador de servicios tiene "conocimiento efectivo" de que la actividad o información que almacena es ilícita cuando "un órgano competente haya declarado la ilicitud" de estos datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, y el prestador conociera la correspondiente resolución. Anteriormente a esta modificación, el proveedor de servicios de la Ley debía "tomar una acción" al recibir una "comunicación efectiva" lo que, a juicio de Pérez Subías, constituía un "término que introducía inseguridad" por falta de precisión. No obstante, reiteró su pesar porque el texto no regule los juegos de azar. En este sentido, manifestó la "preocupación" de su asociación por la exclusión de esta materia en la LSSI.