Se posterga de nuevo la declaración de los ex consejeros de Sintel
La citación de los cuatro ex responsables de Sintel, prevista en un principio para ayer, se había retrasado finalmente a hoy. Con anterioridad, el pasado mes de octubre, el juez había citado a declarar a Antoñanzas y a Casanova, pero tuvo que suspender la comparecencia a petición del fiscal.
La declaración de hoy se ha aplazado "sine die", al presentar un escrito el fiscal Anticorrupción adscrito al caso, Carlos Castresana, en el que recuerda al magistrado que la comisión rogatoria tramitada a Estados Unidos, consistente en 500 folios, llegó la semana pasada al Juzgado Central de Instrucción número 1 y, aunque está sin traducir, de ella se desprende que no se ha tomado declaración a los hermanos Mas Santos, hijos del empresario cubano ya fallecido Jorge Mas Canosa.
En opinión del fiscal, debería tomarse declaración al mismo tiempo a todos los querellados, incluidos los que como los anteriores residen en Miami. Por eso, solicita al juez que curse una segunda comisión rogatoria a Estados Unidos para que se informe a Jorge y Juan Carlos Mas Santos de que están imputados en un procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional y que, en tal condición, deben venir a declarar ante Guillermo Ruiz Polanco.
Descapitalización de Sintel
El juez suspende de nuevo los interrogatorios de los imputados por la querella presentada en julio de 2001 por Anticorrupción contra los ex responsables de Sintel, a los que en el auto de admisión a trámite se impuso una fianza de 79,15 millones de euros para hacer frente a la responsabilidad civil en la que podrían incurrir en el caso de ser condenados por la descapitalización de Sintel.
Dicho auto hacía referencia al delito de insolvencia punible, manifestando que los hechos evidencian su "naturaleza defraudatoria". La querella, además de imputar ese delito, también afirma que la actuación de los imputados podría revestir las características de los delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental.
Según el auto, los querellados "implantaron un modelo de gestión que, coherente con sus ilícitos propósitos, no pretendía impulsar la actividad industrial de Sintel sino hacer de ella un instrumento al servicio de sus intereses particulares, con menosprecio absoluto de los derechos de los trabajadores y acreedores".
Además de la toma de declaración de los imputados, la querella también proponía citar a 39 testigos. Entre ellos figuraban el presidente de Telefónica, César Alierta; su antecesor, Juan Villalonga; y el secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica, Ramón Miramón.