La fiscalía pide que se aumente la condena a Conde de 10 a 22 años
La Sala Segunda del Tribunal Supremo inició ayer la revisión de los recursos presentados a la sentencia dictada por la Audiencia Nacional sobre el caso Banesto. Los cinco magistrados que forman la Sala deberán decidir si ratifican o modifican las penas a las que fueron condenados el ex presidente de Banesto y sus colaboradores en la entidad. La fiscal del caso, Soledad Cazorla, pidió ayer una ampliación de las penas y para Mario Conde solicitó que se aumente de 10 a 22 años la condena de prisión impuesta por la Audiencia Nacional.
La fiscal Soledad Cazorla solicitó ayer que se aumente de 10 a 22 años la condena de prisión impuesta por la Audiencia Nacional al ex presidente de Banesto Mario Conde por los delitos de estafa y apropiación indebida durante el tiempo en que éste se encontraba al frente de la entidad.
De la exposición del ministerio fiscal destaca la petición de que Mario Conde sea también condenado por apropiación indebida en relación con la retirada de los 300 millones de pesetas (1.803.036 euros) de la caja del banco.
La Audiencia Nacional, que consideró prescrito este delito, estableció que estaba acreditado que Conde tomó la decisión de disponer de esa cantidad, pero no se demostró 'que se hiciera con la finalidad de favorecer al banco, como retribución por la mediación de Adolfo Suárez ante el Banco de España para que autorizara la desfusión con el Banco Central y diera el visto bueno a las cuentas de 1998'. Pero tanto la fiscalía como las acusaciones particulares defendieron que el fraude se cometió mediante la retirada de dos talones de 150 millones de pesetas (901.518 euros), por lo que se produjo un delito continuado, cuya prescripción es de 10 años y no de cinco, como consideró la Audiencia Nacional en su sentencia.
La intervención de la fiscal fue la primera de las que se producirán ante la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, que comenzó a celebrar ayer la vista pública de los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a Mario Conde a 10 años y dos meses de cárcel por los delitos de apropiación indebida y estafa. La Audiencia también condenó al ex vicepresidente de la entidad Arturo Romaní, al ex consejero Rafael Pérez Escolar y al ex director general Fernando Garro.
Respecto a la operación denominada artificios contables, (supuesta ocultación del agujero de 605.000 millones de pesetas), tanto la fiscal como el resto de las acusaciones defendieron que Conde y su equipo ocultaron conscientemente las cuentas del banco, por lo que piden que se les condene por falsedad documental. La fiscal consideró ayer 'absolutamente imposible' que los directivos intermedios del banco manipularan las cuentas y balances 'sin la anuencia de los máximos ejecutivos'.
Responsabilidad civil
El letrado del Fondo de Garantía de Depósitos pidió que se considere responsable civil a la aseguradora AGF-Unión Fénix, con la que los responsables del banco tenían suscrita una póliza de 10.000 millones de pesetas (60.101.210 de euros) para cubrir responsabilidades de los gestores de Banesto. Pero la Audiencia Nacional no declaró responsable civil a la aseguradora.
Las acusaciones también solicitaron ayer que no se considere prescrito el delito de apropiación indebida cometida por el financiero Jacques Hachuel, que recibió 1.344 millones de pesetas (8.077.602 euros) que debía haber ingresado Banesto por la venta de unas opciones sobre acciones de la empresa Carburos Metálicos. Hachuel fue absuelto por la Audiencia, al considerar que la operación había prescrito en el momento de iniciarse las acciones penales contra él.
La vista de los recursos se celebra ante cinco magistrados (Luis Puerta, José Antonio Martín Pallín, Juan Saavedra Ruiz, Miguel Colmenero y Diego Ramos Gancedo), en lugar de los tres que es habitual debido a la relevancia del caso.