Aerolíneas pide al juez de la suspensión de pagos que releve a los interventores

En un comunicado difundido ayer en Buenos Aires, Aerolíneas Argentinas (AA) pasó al ataque. Dos meses después de que los interventores judiciales aseguraran que la empresa estaba en 'situación legal de disolución', la compañía ha decidido denunciar a dichos interventores ante la Justicia Penal Federal argentina.

'La denuncia se fundamenta en falsedad ideológica y coautoría en la violación de obligaciones de funcionario público de los miembros de la sindicatura (intervención judicial), al difundir, con motivos desconocidos, datos y documentación privativa de la empresa y del juzgado en el que se tramita la convocatoria de acreedores (suspensión de pagos)', explica el comunicado.

En Madrid, portavoces de Aerolíneas añadieron que se pedirá al juez que tiene a cargo el proceso de suspensión de pagos que proceda a cambiar a los interventores, que pertenecen al bufete Aníbal Amigo. Estos interventores judiciales actúan dentro de la compañía en el marco del proceso de suspensión de pagos, que está en marcha desde junio de 2001, cuando AA solicitó la intervención judicial con un pasivo de 1.094 millones de euros (926 millones de dólares).

El 2 de octubre de 2001 la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) decidió vender la participación del 92,1% que tenía en Aerolíneas al consorcio Air Comet, una sociedad creada por los copropietarios del Grupo Marsans y Spanair, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz (con el 70%) y Antonio Mata (30%), actual presidente de Aerolíneas Argentinas. Air Comet se comprometió en el momento de la transacción a realizar una ampliación de capital de 56,5 millones de euros (50 millones de dólares) en un periodo de nueve meses, por lo que se prevé que ésta se realice antes del próximo mes de junio.

Una situación crítica

Sin embargo, en un informe elaborado por los interventores judiciales ahora repudiados por Aerolíneas, se afirmaba que la compañía estaba en una 'situación crítica', al borde de la quiebra o 'disolución legal'.

Según ese informe, que fue publicado en la página de Internet que informa sobre la suspensión de pagos de AA, los interventores ofrecían los datos de la crisis de la empresa. Así, recogían que el déficit patrimonial ascendía a 141 millones de euros, al tiempo que detallaban las pérdidas sufridas en el primer y segundo semestre de 2001. En el informe, los expertos pedían a los administradores de Aerolíneas que arbitraran 'los medios necesarios a fin de evitar la disolución de la sociedad en los términos de la Ley 19.550'. En ese momento, la dirección de la empresa dio a conocer su discrepancia con ese informe y aseguró que si a fines de 2002 no se cumplía su plan de negocios de 1.100 millones de dólares (1.200 millones de euros), 'la propietaria (Grupo Marsans) está dispuesta a realizar las aportaciones de capital necesarias para mantener a Aerolíneas activa y competitiva'.

Con el comunicado de ayer, la dirección de AA ha avanzado mucho más, al denunciar judicialmente a los interventores por una supuesta falsificación de los datos contables hechos públicos, al tiempo que considera que se ha incurrido en delito al difundirlos, ya que se trata de cifras y detalles que son privativos de la compañía.

'Sin embargo, resulta poco congruente denunciar a los interventores por dar cifras falsas y afirmar, al mismo tiempo, que esos datos son de propiedad exclusiva de la empresa', dijeron fuentes del sector consultadas por este periódico en Buenos Aires. Estas mismas fuentes señalaron que 'nuestra convicción es que los síndicos (interventores judiciales) hicieron lo que hicieron para protegerse de una eventual quiebra de la compañía'.

En contra de esta interpretación se pueden mencionar los planes de AA de ampliar algunas de sus operaciones. Desde Madrid, por ejemplo, conectarán a sus viajeros, en aviones pequeños, con Francfort, París y Londres a partir de junio.

La SEPI exige a Air Comet una inyección de 56 millones este mes

 

 

Air Comet, la sociedad española que se adjudicó la propiedad de Aerolíneas Argentinas el pasado 2 de octubre, tiene apenas 20 días para efectuar una inyección de dinero en la compañía de bandera del país austral, en forma de ampliación de capital, por un importe de 56,5 millones de euros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta recapitalización es una necesidad imperiosa para la empresa aérea que, al igual que la economía del país latinoamericano, se encuentra al borde de la quiebra. Pero además es un compromiso contraído por Air Comet (empresa participada por el Grupo Marsans y Spanair, con el 70%, y por Antonio Mata, con el 30%) con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, antigua propietaria de Aerolíneas Argentinas, como requisito para convertirse en el adjudicatario de la compañía durante el proceso de privatización.

 

 

 

 

 

 

 

Este compromiso de recapitalización, junto al de la renovación de la flota de Aerolíneas con un mínimo de 22 aviones, fue recordado el pasado mes de abril por el presidente de la SEPI, Ignacio Ruiz-Jarabo, en el transcurso de una comparecencia ante la Comisión de Hacienda en el Congreso de los Diputados. A pesar del desmentido rotundo de Air Comet y de su socio Marsans a los datos que aportaron en su día los síndicos de control del proceso de suspensión de pagos, la SEPI quiere desmarcarse de la responsabilidad ante cualquier situación de quiebra que pudiera afectar a Aerolíneas.

 

 

 

 

 

 

 

En la citada comparecencia parlamentaria el presidente del ente publico español recordó que Air Comet presentó la mejor oferta a la privatización entre cuatro candidaturas, ya que asumía el 50% de la deuda de Aerolíneas (equivalente a 547 millones de euros) y se comprometía a mantener siete años la plantilla. Marsans es líder de una de las ofertas que se han presentado ante la SEPI para la privatización de la naviera pública española Trasmediterránea.