El laberinto de leyes comunitarias les cuesta a las empresas 50.000 millones
El último organismo en sumarse a las críticas a la legislación comunitarias ha sido el Consejo Económico y Social de la UE. Un dictamen que acaba de publicar este organismo recuerda a Bruselas el peso económico que la complejidad y baja calidad del acervo legal comunitario provocan a las empresas europeas y anima al Ejecutivo comunitario a cumplir su compromiso de poner en marcha un plan antes de junio para reducir esas normas un 25%.
La Comisión Europea lleva tiempo haciendo un serio ejercicio de autocrítica respecto a esta cuestión. Según datos recogidos por la CE a finales del pasado año, las empresas europeas podrían ahorrar al menos 50.000 millones de euros gracias a una mejor calidad de la reglamentación. La cifra, que supone un 15% de los costes fijos de las empresas, no es el único dato que ha proporcionado Bruselas sobre el peso de la legislación. Así, el Ejecutivo comunitario sostiene que una normativa de baja calidad puede tener para cualquiera de los Estados miembros un coste de hasta el 10% del PIB. 'Estos costes representan, de hecho, una carga adicional para las empresas. Como sucede con cualquier otro impuesto, éste repercute inevitablemente sobre el consumidor en forma de precios más elevados'.
Las propuestas que ha aportado el CES en su informe no difieren en exceso de las manejadas en los últimos meses por la propia Comisión. Así, el organismo europeo considera que la Unión Europea debería hacer mayor uso de los reglamentos (normas de aplicación directa en los Estados miembros) que de las directivas, puesto que estas últimas precisan de una ley nacional que las adapte en cada país. Además, el CES considera que Bruselas debería dotar a las leyes 'de un tiempo de validez finito', tras el cual éstas deberían revisarse para poder seguir aplicándose.
Otra de las iniciativas del informe va más allá y aboga por eximir a las pymes y, especialmente, a las microempresas, de cumplir algunos de los cientos de normas y trámites que conforman el acervo comunitario. En línea con esa propuesta, el órgano consultivo de la Unión Europea considera necesaria la creación de un centro de asesoría para las empresas y ciudadanos 'que necesiten ayuda para interpretar el acervo'.
La cercanía del plazo que se fijó Bruselas para poner en marcha su plan de reducción del volumen normativo comunitario no invita, sin embargo, al optimismo. 'El Comité tiene serias dudas de que existe una voluntad política suficiente en todos los niveles como para desarrollar esta labor. El historial de falta de cooperación entre las Administraciones de los Estados miembros no augura precisamente el éxito', sentencia el CES.