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Tribuna
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Una esperanza muy remota

El reciente acuerdo de la cumbre de Barcelona para elevar la capacidad de interconexión entre España y Francia, al igual que la última reunión de los ministros de Energía de la Unión Europea celebrada en Pamplona, ha generado una cierta esperanza en muchos clientes industriales y comerciales acerca de una posible reducción de los precios de venta de la electricidad a consumidores cualificados.

El cumplimiento de los términos del acuerdo supondría un aumento de la capacidad de interconexión hasta el 10% de la potencia instalada en régimen ordinario en el año 2005, lo cual implicaría aumentar la capacidad hasta unos 4.700 megavatios. Sin embargo, un análisis detallado de la situación pone de manifiesto las dificultades no sólo para lograr esta ansiada reducción de precios sino también el aumento real de capacidad de interconexión.

En primer lugar, ya han surgido voces críticas dentro del sector eléctrico que dudan del sentido económico de este plan propuesto debido a la falta de diferenciación y adaptación a la situación concreta en cada país.

Dejando aparte estas consideraciones, existe una serie de dificultades de tipo administrativo y medioambiental que posiblemente impedirán el alcance del objetivo de capacidad previsto. En efecto, la complejidad de las autorizaciones administrativas, para las que se requiere la participación de las comunidades autónomas afectadas y los ayuntamientos locales, la especial protección medioambiental de una zona como los Pirineos, junto con su accidentada orografía harán casi imposible lograr el aumento de capacidad hasta los 4.700 megavatios en solo tres años. Una confirmación de esta afirmación es el hecho de que la planificación hasta el momento realizada por REE sólo prevé un aumento de 1.500 megavatios hasta 2005. El resultado de esta situación es que hasta el propio Ministro de Economía ha expresado sus dudas acerca del logro de este objetivo.

Además, una parte importante de esta capacidad adicional será necesaria para asegurar la estabilidad del sistema debido a las espaciales características del sistema eléctrico del norte peninsular. Las características de la red de transporte, junto con la ubicación de importantes grupos generadores en la zona generan una serie de problemas de estabilidad que reducen considerablemente la capacidad de importación de energía desde Francia.

Esto no implica que no se pueda aumentar la interconexión por encima de 3.000 megavatios, pero sin fuertes inversiones adicionales en la red de transporte nacional, el aprovechamiento de esta capacidad adicional se vería muy limitado.

Dadas estas circunstancias, se hace necesario considerar si merece la pena aumentar tanto la interconexión o renunciar a parte de este aumento de capacidad, destinando esa parte de la inversión a mejorar la red de transporte y distribución en aquellas zonas donde sí se traduciría en una reducción de los costes gracias a la eliminación de congestiones, así como una mejora de la calidad del servicio.

Esto no quiere decir que un aumento de la capacidad de interconexión no favorezca al sistema eléctrico español, sino todo lo contrario, pero siempre que se realice bajo unos criterios técnicos y económicos coherentes y no sólo por decisiones de carácter fundamentalmente político. En definitiva, el aumento de la interconexión permitirá la reducción puntal de los costes de suministro en algunas horas, pero esta rebaja no es de esperar que sea considerable y menos que se vaya a dejar sentir en el bolsillo de los consumidores.

La discusión sobre la capacidad de interconexión no debería enmascarar los verdaderos problemas del sistema eléctrico español: en primer lugar, el mal funcionamiento de los mercados de gas y electricidad que no favorece la entrada de nuevos competidores en la generación eléctrica y la comercialización de electricidad. En segundo lugar, la falta de desarrollo de las infraestructuras de transporte y distribución, especialmente en aquellas zonas de mayor crecimiento de la demanda como son Madrid, Cataluña y Andalucía. Por último, y no por ello menos importante, la escasez de potencia instalada que obliga a generar con grupos de fuel y gas anticuados y con elevados costes unitarios.

La solución adoptada para este problema de capacidad instalada es la construcción de nuevas centrales de ciclo combinado, pero ¿es ésta la forma más conveniente de garantizar el buen funcionamiento del sistema a medio y largo plazo? La situación actual del sistema eléctrico obligará posiblemente a reconsiderar la vuelta a tecnologías tradicionales como la energía nuclear y el carbón.

æpermil;sta es una de las cuestiones a dilucidar en los próximos años y cuya respuesta influirá en los costes de suministro mucho más que cualquier aumento de la capacidad de interconexión.

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