COLUMNA

Una reforma apriorística

José María Zufiaur analiza la propuesta oficial de reforma del sistema de desempleo y critica el papel otorgado a los interlocutores sociales. El autor destaca que los gastos destinados a las prestaciones están controlados

Sólo desde el fundamentalismo ideológico se puede explicar la propuesta de reforma de la protección por desempleo que acaba de realizar el Gobierno. No existe, en efecto, ningún desbordamiento de los gastos destinados a prestaciones o a subsidios para los desempleados con el que justificar la medida: al revés, entre 1998 y 2001 la diferencia entre los ingresos por cotizaciones y el gasto por prestaciones de desempleo arroja un superávit de más de 1,7 billones de pesetas. A los que, cuando finalice 2002, habrá que sumar otro medio billón correspondiente al excedente previsto para este año. Esto a pesar de que, en los dos últimos ejercicios presupuestarios, el Estado no haya aportado ni una peseta al presupuesto del Inem (en 1996, último presupuesto elaborado por los socialistas, la aportación del Estado fue de 400.000).

Unos sustanciosos excedentes que no se dedican, por cierto, a mejorar la situación de los parados que no tienen ningún tipo de protección (más del 40% de los desempleados registrados en el Inem), sino a financiar cuestiones impropias a la finalidad señalada para las cotizaciones por desempleo, como las políticas activas de empleo o las bonificaciones y subvenciones a las empresas (en torno a los 3.000 millones de euros anuales, destinados, en una gran parte, a lo que lo en Francia se denomina 'efecto ganga': subvencionar por contratos que, de todas formas, se iban a celebrar).

¿Cómo explicar, pues, esta durísima reforma del sistema de protección al desempleo (e, indirectamente, del despido) que amenaza con salpicar de conflictos sociales la parte final de la presidencia española de la UE, que crea una fractura muy profunda en la concertación social y, de paso, recompone una unidad de acción sindical no especialmente deseada por el Gobierno, una reforma que no la reclaman los empresarios (los cuales parecen más bien sorprendidos y escépticos ante la propuesta) ni responde a la aparición súbita de bolsas de fraude, y que le puede crear al Gobierno, a un año de las elecciones municipales y autonómicas, dificultades electorales en Extremadura y Andalucía?

Como ya sucediera hace unos meses con la pretensión gubernamental de reformar el marco de la negociación colectiva (que, finalmente, el Gobierno tuvo que retirar), lo que fundamentalmente parece motivar la actual propuesta reformadora -que, por cierto, no estaba enunciada, como tampoco la anteriormente mencionada, en el programa electoral del partido en el Gobierno- es un apriorismo ideológico neoliberal: en este caso, el que sostiene que la protección al desempleo es una rigidez para la creación de empleo y que 'el subsidio de paro fomenta la pereza'.

Hace ya muchos años que J. K. Galbraith dijo que, mientras no hubiera empleo para todos, este razonamiento le parecía indecente. Seguramente algo parecido pensará ese 40% de parados que no cobra ningún subsidio de paro cuando escucha que las prestaciones de desempleo 'desincentivan' la búsqueda de empleo.

El otro 60% seguramente piensa, amén de compartir la perplejidad y la indignación del otro porcentaje, que las prestaciones de desempleo no son ninguna concesión graciosa ni ningún fraude, sino tan sólo una forma de salario diferido, al que cotizan y al que tienen derecho; un derecho que -además de aportarles renta, tiempo para encontrar otro empleo, autonomía personal- fomenta la estabilidad macroeconómica, reduce la exclusión social y facilita el ajuste estructural del sistema productivo.

Al menos así fue concebido cuando se creó el Estado del bienestar en Europa: como un 'seguro de paro', como un elemento de seguridad frente a una de las contingencias (junto a la enfermedad o la vejez) importantes de la vida. Ahora, la ideología imperante es la contraria: sólo el paro, la inseguridad y el miedo harán posibles la flexibilidad laboral, la reducción de los salarios y la aceptación por parte de los parados de ofertas de trabajo menos cualificadas y peor pagadas.

Una de las expresiones más reveladoras del fundamentalismo doctrinario con el que el Gobierno ha abordado esta reforma ha sido el tratamiento de meros comparsas que, en un principio al menos, ha pretendido dar a los interlocutores sociales. Evidenciando así, otra vez, una concepción de la concertación social que ha pasado, en no demasiados años, de ser entendida como un ejercicio de intercambio de ventajas y concesiones a pretender que sea una mera ceremonia de acompañamiento.

Pero, más allá de sus contenidos específicos, esta reforma ¿cómo se compadece con el objetivo del 'empleo de calidad' aprobado en la Cumbre Europea de Lisboa? El que nuestro país sea de los más retrasados en términos de productividad del trabajo y en inversiones en I+D, ¿no tiene nada que ver con la apuesta por la precariedad laboral y por el trabajo descualificado que se hizo en los años ochenta y que, con esta reforma, se quiere ahondar? Si el objetivo es que los parados acepten cualquier empleo, ¿qué sentido tiene elevar el nivel de las cualificaciones profesionales y el elevado gasto que ello conlleva? ¿No nos estamos acercando, con propuestas como las que comentamos, en lugar de al pleno empleo al 'pleno subempleo' compuesto, en gran medida, de precarios, de trabajos descualificados y mal pagados, de 'trabajadores pobres'?