Duhalde necesita capitalizar el apoyo otorgado por las provincias
La firma del 'acuerdo de los 14 puntos' acelerará la resolución de los temas pendientes con el FMI
Tras la renuncia del ex ministro de Economía Jorge Remes Lenicov, el presidente argentino, Eduardo Duhalde, convocó una reunión de emergencia con los gobernadores provinciales con el fin de intentar evitar que los traspiés políticos continúen complicando las reformas necesarias para que Argentina reciba la ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI). De esa reunión surgió un documento en el que las provincias se comprometían a colaborar en 14 puntos con el fin de avanzar rápidamente en la consecución de la ayuda financiera internacional.
De esta forma, Duhalde logró por primera vez un apoyo explícito a su plan económico por parte de prácticamente todas las provincias (sólo algunas pequeñas se mantuvieron al margen).
Un apoyo indispensable para fortalecer políticamente a un Gobierno, que tras cuatro meses en el poder no es aún capaz de mostrar ningún avance significativo en la resolución de la crisis que atraviesa el país. Los primeros dividendos de esta situación ya se produjeron la semana anterior con la sanción de la controvertida ley anti-goteo que frena la recursos legales contra el corralito. En estos días debería votarse, además, una nueva ley de quiebras y derogarse la ley de subversión económica.
Quizá, lo más importante de este documento sea el logro de un acuerdo con las provincias para firmar, tal como lo exige el FMI, pactos bilaterales entre cada provincia y el Gobierno federal con el fin de lograr reducir el déficit provincial un 60%. Pero esto es sólo una declaración de intenciones y resta ver si las provincias están, tal como pretende la Administración, dispuestas a someterse a un control mensual de sus cuentas públicas, limitar su endeudamiento flotante (impagos que posteriormente se contabilizan como deuda, pero no reconocidos como déficit fiscal) y a aceptar la imposición de sanciones en caso de incumplimiento de las metas fijadas.
Otra incógnita que el plan del nuevo ministro de Economía, Roberto Lavagna, no ha podido resolver es qué mecanismo se utilizará para salir del corralito. Tras la desaprobación en el Congreso del plan Bonex, que contemplaba el canje de los depósitos por bonos públicos, no parece haber aún un plan alternativo que resuelva definitivamente la inminente quiebra del sistema financiero.
No obstante, es justamente este punto el que impone las mayores presiones en el corto plazo debido a la cada vez más frágil situación de las entidades financieras (esta semana podrían sumarse nuevos bancos al Scotiabank-Quilmes en declararse en falta de liquidez) y la expansión monetaria que supone el constante drenaje de depósitos. Para abril ya se anticipa una inflación del 10%, con lo que la cifra acumulada desde enero de 2002 alcanzaría un 20%, incrementándose así el riesgo de que se produzcan nuevos estallidos sociales como consecuencia de la caída del poder adquisitivo de los salarios.
No cabe duda de que sin los acuerdos con las provincias firmados, y sin una solución para el sistema financiero, el 'documento de los 14 puntos' no deja de ser una mera declaración de intenciones. Por lo tanto, no se puede hablar de avances significativos aún, ni mucho menos de la posibilidad de firmar una carta de intención con el FMI; pero sí de una mayor voluntad política por resolver con rapidez los puntos pendientes en las negociaciones con el organismo multilateral. La rápida capitalización de esta situación es indispensable para la supervivencia de la Administración Duhalde y para empezar a avanzar en la solución de la crisis económica y social que afecta al país.