La identidad digital

Para popularizar el uso de Internet se necesitan más accesos y más formación. Hay que aumentar el parque de ordenadores y el número de conexiones con banda ancha y hay que extender la cultura de Internet por centros de enseñanza e instituciones, además de fomentar la confianza entre sus usuarios y crear un marco fiscal favorable. Pero Internet sólo tendrá un uso masivo cuando sus contenidos sean útiles para todos los ciudadanos y éstos lo conciban como de uso cotidiano. Entonces sí estaremos dentro de la sociedad de la información.

En la tarea de incorporar contenidos útiles a la Red a las Administraciones les toca sudar la camiseta para lograr que sus ciudadanos puedan realizar sus trámites administrativos sin necesidad de acudir a una oficina física a enfrentarse con el papeleo.

En e-Gobernanza, que es como ahora empiezan a llamar a la disponibilidad de los servicios públicos en Internet, España no está mal posicionada, pero con un desarrollo muy desigual. En las declaraciones del impuesto sobre la renta vamos de líderes mundiales, pues casi medio millón de contribuyentes utilizaron la Red el año pasado para cumplir sus obligaciones con el fisco; pero no llegaron a 14.000 los hogares que utilizaron la Red para el censo de población y vivienda de 2001.

En declaraciones del IVA, contribuciones sociales, matriculaciones en la universidad o incluso denuncias a la policía, también bien. Mayoritariamente son servicios que suponen ingresos para el Estado, mientras que vamos mal en los que no generan ingresos, o son servicios de entrega (pasaportes, permisos de conducir, partidas de nacimiento, licencias, etcétera) y en casi todo lo relacionado con trámites de empresas.

Pero la mayoría de esos servicios exige un sistema de identificación conocido como firma electrónica y del que carece la mayoría de los ciudadanos. Esta firma es un mecanismo que permite al receptor de un documento electrónico identificar al autor o autores del mismo, de modo que sea posible comprobar la procedencia de los mensajes intercambiados por Internet y evitar el repudio de una comunicación en la Red, al garantizar que el contenido no ha sido alterado y que el remitente es quien dice serlo.

La firma electrónica está regulada en España por un real decreto-ley de septiembre de 1999, anterior a la directiva europea de diciembre de ese año, y que ha resultado ser una norma precipitada, con problemas tecnológicos y de difícil implantación. En la práctica hay poco más de medio millón de personas con esa firma como sistema de identificación.

Tener una firma electrónica moderna es una necesidad urgente, y eso es lo que se pretende con un nuevo anteproyecto de ley que incluye, entre otras novedades, la posibilidad de que las empresas puedan disponer de firma electrónica (hoy sólo está disponible para personas físicas) y que crea nuevos elementos de identidad digital, como el DNI electrónico, utilizable tanto para declarar la renta como para comprar en un supermercado virtual y emitir facturas, e incluso para votar por Internet.

Con el e-DNI cualquier ciudadano podrá emitir una firma electrónica con el mismo valor que la manuscrita y realizar por Internet todos sus trámites administrativos. Será otra forma de identificación, por lo que no sustituye al DNI actual, es más, su diseño será similar al de éste, aunque físicamente será más parecido a una tarjeta de crédito. Incorporará un chip de identificación que almacenará la firma digital y los datos personales del usuario, por lo que sus titulares deberán adquirir un lector del chip, que con el tiempo lo incorporará a los teclados de los ordenadores.

Un 85% de las empresas españolas dispone de al menos un ordenador y hasta el 70% asegura que cuenta con conexión a Internet, mientras que dispone de ese equipo el 42% de los hogares y la mitad de ellos está conectado a la Red. Hay un amplio parque de usuarios potenciales y lo que se necesita es jubilar el obsoleto decreto-ley de 1999 y que no termine el año sin que esté publicada la nueva ley. A la Administración central le toca sudar la camiseta para que el e-DNI sea pronto una realidad

La identidad digital es una de las 21 iniciativas que fueron calificadas de emblemáticas en el InfoXXI, el plan de acción que el Gobierno empezó a gestar en diciembre de 1999 para desarrollar la sociedad de la información en España. Pero hay la impresión de que, pese a esa iniciativa, no hacemos los avances suficientes para incorporarnos a esa nueva sociedad del conocimiento, y ésa sería una de las razones del deterioro de la productividad española en las estadísticas internacionales.

Si nos quedamos rezagados en la nueva revolución tecnológica será algo que, como país, acabaremos pagando caro. Por eso sería un error que la firma digital se aplazase para 2003.