Matas y dos secretarios de Estado incumplen el código ético del PP
El código ético defendido por José María Aznar para garantizar el comportamiento en su Gobierno y en el PP obliga a cualquier cargo público a poner su puesto a disposición de la dirección del partido en caso de la apertura de cualquier procedimiento judicial del que se derive la posible comisión de un delito. Este manual, defendido por el presidente antes de llegar al Gobierno como ejemplo de la regeneración ética que perseguía su partido, no está siendo tenido en cuenta por varios cargos públicos actuales.
Estanislao Rodríguez-Ponga no es el único miembro del Gobierno que se encuentra en una situación parecida y se resiste a abandonar el cargo. Otro caso de reciente actualidad es el del ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, acusado de promover con fondos públicos del Gobierno balear la inscripción irregular y masiva de ciudadanos argentinos en el municipio de Formentera, en la época en la que el titular de esta cartera era presidente de la citada comunidad. La intención última de esta inscripción fue consolidar la mayoría del Partido Popular en las islas mediante el logro de un diputado más, clave para controlar el Parlamento en las pasadas elecciones autonómicas.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares decidió el pasado viernes reabrir el denominado caso Formentera, archivado hacía menos de un mes por el juez instructor del proceso. Con ello solicitó al Tribunal Supremo la posible comparecencia de Matas en calidad de imputado. El TSJB ha dejado también en manos del Supremo la posible citación de la portavoz adjunta del PP en el Congreso de los Diputados Rosa Estarás, implicada en el mismo caso.
Además de Rodríguez-Ponga y de Jaume Matas, consta también la situación del secretario de Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco, para quien la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pide ocho años y seis meses de cárcel por supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental e infidelidad en la custodia de documentos.
Está acusado de haber aprobado en 1996 el proyecto del embalse de Santa Liestra, en Huesca, a sabiendas de que carecía de los informes geotécnicos y de que su construcción podía haber acarreado una 'catástrofe' en la zona. El ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, ha salido en su defensa.