El PP rectifica y admite que sólo los jueces puedan cerrar páginas web
Los jueces serán las únicas autoridades que podrán clausurar páginas de Internet en la futura ley de la Sociedad de la Información. El Gobierno ha atendido finalmente las críticas que solicitaban que se aclarase este punto y ha presentado una enmienda en el Congreso que atribuye únicamente a la justicia la potestad para intervenir las páginas. Otra de las propuestas de los populares permitirá flexibilizar la imposición de las multas para adaptarlas a las características de las empresas infractoras.
Tras varias ampliaciones del plazo de presentación, las enmiendas al proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información ya están listas en el Congreso. El Grupo Popular ha presentado en la Cámara un grupo de propuestas en las que aclara que sólo los jueces podrán clausurar páginas de Internet. Las enmiendas del PP ponen fin así a la polémica que ha rodeado al texto desde que éste inició su tramitación en el Congreso, cuando los grupos de la oposición y las asociaciones de usuarios de Internet dieron la voz de alarma ante la posibilidad de que la Administración tuviese la potestad de adoptar esa medida.
La propuesta presentada por los populares especifica que 'sólo la autoridad judicial' podrá adoptar algunas de las medidas previstas en la ley, entre ellas el cierre de las páginas web. Así, en la justificación de la enmienda, el Grupo Popular alude al carácter 'exclusivo' de la actuación judicial 'cuando la Constitución, las leyes reguladoras de los respectivos derechos y libertades o cualquier otra norma general o sectorial' atribuya a la autoridad jurisdiccional 'la competencia para la adopción de medidas que puedan restringir el ejercicio de dichas actividades o derechos'. En otras palabras, cualquier medida que en el mundo físico deba ser realizada por un juez, de acuerdo con la Constitución y con el resto de las leyes, deberá ser también llevada a cabo por un órgano jurisdiccional en el ámbito de la ley.
Según señaló ayer la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, las enmiendas parciales presentadas por el PP están destinadas únicamente a dar 'mayor precisión, confianza y certidumbre' en una ley que 'en absoluto limita los derechos fundamentales'.
La segunda de las modificaciones que ha presentado el PP en el Congreso atiende a otra de las reivindicaciones que han surgido en los últimos tiempos en torno al proyecto, esta vez por parte de las empresas que operan en la Red. La propuesta de los populares elimina el límite inferior de las multas por infracciones leves que prevé el proyecto y deja así a los jueces mayor libertad para adecuar las sanciones a las características de las empresas infractoras.
Hasta 60.000 euros
De acuerdo con ello, la multa por cometer infracciones leves será 'de hasta 60.000 euros' y permitirá así al tribunal fijar una cantidad inferior si lo considera conveniente. Las empresas de comercio electrónico habían manifestado su inquietud por la posibilidad de que la dureza de las sanciones pudiese poner en peligro la viabilidad de muchas pequeñas compañías que operan en la Red.
Los populares no han sido los únicos, sin embargo, que han presentado enmiendas al texto. Entre las 33 propuestas que ha preparado el Grupo Socialista, figura una enmienda en la que se solicita que la futura ley de Internet no se aplique a los diarios y revistas que se publican en Internet siempre que no tengan como fin último una actividad económica o comercial. Los socialistas defienden que el proyecto de ley se centre únicamente en las actividades 'que representen actividad económica' y excluya, por ejemplo, el intercambio de ficheros o los servidores personales. Además solicitan que se deje fuera del articulado de la ley la prescripción de medicamentos, los tratamientos médicos, los diagnósticos clínicos y la dispensación o venta de fármacos y de especialidades.
El texto invade competencias autonómicas, según CiU
También Convergència i Unió ha presentado sus enmiendas al proyecto de ley de Servicios de la Sociedad de la Información. El Grupo catalán ha presentado, entre otras, una enmienda de adición en la que señala que la futura ley 'no puede ignorar' el ámbito competencial de las comunidades autónomas en la normativa sobre comercio interior, protección de los consumidores y usuarios y medios de comunicación 'por el simple hecho de que éstos se realicen a través de las nuevas tecnologías'.
Como ejemplo, y respecto al control de la actividad de los prestadores de servicios, CiU sostiene que el capítulo de la potestad sancionadora de los medios de comunicación social corresponde a las CC AA y niega la posibilidad de que se puedan aducir 'razones de extraterritorialidad para justificar la reserva estatal'.
Otra de las enmiendas, han presentado más de 70, del Grupo catalán reclama que los contratos se formalicen en la misma lengua en que se ha producido la oferta y que los códigos de conducta sean traducidos a todas las lenguas cooficiales. Convergència i Unió introduce disposiciones adicionales para dejar constancia de 'la existencia de normas autonómicas aplicables' en función del lugar de establecimiento de los prestadores de servicios (ISP), así como del hecho de que Administraciones autonómicas y locales tienen atribuidas competencias sobre materias en las que los prestadores de servicios pueden incidir directamente a causa de su actividad.