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'Caso BBV'

Francisco González reforzará el poder de control del consejo del BBVA

La lista de imputados que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón hará pública esta semana (previsiblemente el lunes o martes) conducirá a la quinta oleada de dimisiones en el BBVA. Ramón de Icaza, Javier Aresti y Luis María de Ybarra, los tres consejeros con fondos de pensiones creados al margen de la contabilidad del banco, serán los próximos en dimitir.

Los tres consejeros del cupo del BBV, aconsejados por sus abogados, consideran que es mejor permanecer en el banco para su defensa. Otra posibilidad es que el presidente del BBVA, Francisco González, les dé una carta garantizando su honorabilidad, algo a lo que González se niega. El cuarto consejero con fondos de pensiones que sigue en el banco, Juan Entrecanales, es el más reacio a dimitir y el único que no ha condicionado su salida. Ante una posible negativa a dimitir en las próximas semanas, la única alternativa del BBVA es convocar junta extraordinaria, vía descartada.

El banco espera que esta semana los tres consejeros vascos dimitan, lo que llevaría al BBVA a convocar un consejo extraordinario; de lo contrario, esperaría al ordinario del 7 de mayo, donde se aprobarán las cuentas trimestrales. En esta reunión se daría entrada a los nuevos consejeros independientes, tres o cuatro, uno de ellos americano y otro vasco. González quiere contar con un consejo de 15 a 16 miembros.

También sería en este acto o en el consejo extraordinario donde se oficializará la entrada de Ricardo Lacasa. González lleva semanas negociando la entrada de nuevos consejeros, pero fuentes del banco afirman que 'sólo se ha cerrado el de Lacasa'.

Tras estos cambios el BBVA 'iniciará una nueva etapa'. La idea es dar más protagonismo al consejo, que sea más activo y se convierta en un verdadero vehículo de control de los órganos ejecutivos. La duda del BBVA es si Alicia Koplowitz querrá nombrar a otro representante en el capital del banco, tras la salida de âscar Fanjul. Aunque, de momento, no se ha dirigido al BBVA con esta petición.

Paraísos fiscales

Mientras, el jueves González tendrá que declarar como testigo ante Garzón. El presidente del BBVA será interrogado acerca de lo que conocía del entramado financiero que el BBV mantuvo en paraísos fiscales tras su fusión con Argentaria, y que fue regularizado en enero de 2001.

En el informe presentado por el fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, al Senado en octubre de 2000, se menciona la lista de entidades españolas que operan en paraísos fiscales. En ellas figuran el Santander Central Hispano, Banesto, el Banco Atlántico y el Banco de Sabadell, además del propio BBVA. Con respecto a este se hace constar que tiene presencia en Bahamas y, a través de sociedades o filiales como Privanza Internacional o Privanza Bank, en Panamá, Gibraltar e Isla de Jersey. En el caso del Santander, se citan sucursales de Gran Caimán, Bahamas, Panamá, Hong Kong, Filipinas, Singapur e Islas del Canal, entre otras.

La Fiscalía menciona la advertencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de que en estos paraísos no hay requisito legal que obligue a la identificación de los clientes de las cuentas.

Y se hace constar que 'el mayor problema' es la presencia de estas entidades en esos territorios por cuanto 'facilitan la opacidad fiscal'. Y añade: 'Es conocido que entidades bancarias españolas disponen de filiales que actúan como auténticas sucursales del banco nacional' y que la personalidad jurídica propia atribuida a éstas últimas 'es esgrimida como argumento para no facilitar información relativa a sus cuentas bancarias'. El fiscal dice que los clientes de estas filiales lo son del banco nacional y tienen 'un perfil patrimonial muy relevante, necesitado de conseguir opacidad'.

Ya entonces, el fiscal denunció como 'grave' la falta de previsión legislativa acerca de la supervisión del Banco de España sobre las filiales bancarias domiciliadas en paraísos fiscales, zonas 'vinculadas al blanqueo de capital'.

El PP acusa a Felipe González de beneficiarse de la 'trama' del banco

 

El coordinador de Comunicación del Partido Popular, Rafael Hernando, exigió ayer al ex presidente del Gobierno Felipe González que aclare el caso de las cuentas secretas del BBV 'porque la conoce muy bien y porque fue él, como líder del PSOE entonces, uno de los principales beneficiarios de toda esa trama'.

 

 

 

 

 

 

 

Según explicó Hernando, las cuentas secretas del BBV sirvieron para financiar ilegalmente 'a determinados líderes políticos'. En este sentido, añadió que el ex presidente 'tiene mucho que ver y que explicar sobre el destino de algunas cantidades que han salido de esas cuentas', puesto que, a su juicio, el PSOE 'ha sido beneficiado' por alguna de ellas.

 

 

 

Hernando afirmó que González debe explicar ante los ciudadanos 'toda la trama de financiación ilegal del PSOE', para que sepan quiénes fueron los 'responsables políticos' de que acciones como éstas se pudieran desarrollar y que 'determinadas formaciones políticas, ya sean de nuestro país o de otros países, tuvieran ventajas de esa financiación ilegal'.

Dificultad para acceder a los datos de la Agencia Tributaria

 

Entre las lagunas que impiden que la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales trabaje con eficacia figura la imposibilidad de que acceda directamente al Banco de Datos Nacional (BDN) de la Agencia Tributaria, donde se acumula la información más relevante sobre los contribuyentes. La denuncia corresponde al propio fiscal anticorrupción, crítico con la interpretación restrictiva de Hacienda sobre la legislación.

 

 

 

 

 

 

 

El fiscal también ha trasladado al Parlamento la necesidad de que el Servicio Ejecutivo del Banco de España pueda actuar con mayor soltura cuando advierte y comunica a la propia Fiscalía Anticorrupción que una sociedad con un capital de 3.000 euros transfiere fondos a un paraíso fiscal por importe de decenas de millones.

 

 

 

En ocasiones, prosigue el fiscal en su exposición ante el Senado, no se puede reaccionar con la debida eficacia porque la Comisión de Prevención del Blanqueo no tiene acceso a los datos de la Agencia Tributaria para poner en marcha una investigación encaminada al control concreto de una operación.

 

 

 

Ello genera retraso en las indagaciones y, al tiempo, la posibilidad de que haya presuntos delincuentes que trabajen con la suficiente rapidez y anonimato como para que no se llegue nunca a su identificación. 'Cuando han pasado dos, tres, cuatro años, realmente ni hay personas ni hay capitales ni hay nada', se quejó Jiménez Villarejo.

 

 

 

Entre las tareas que la comisión tiene pendientes figura la identificación de los titulares últimos de las 138 cuentas opacas del Hong Kong and Shanghai Bank (HSBC) descubiertas en la investigación del caso Gescartera. El vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, informó la semana pasada de que la comisión ya ha informado sobre el caso a la Audiencia Nacional.

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