Sectores del PP presionan a Villalobos para que incentive la gestión privada
Cuatro meses después de que se hayan hecho efectivas las transferencias sanitarias, Celia Villalobos sigue sin llevar al Parlamento la Ley de Coordinación. En contra de lo que suele ser habitual, las dificultades para sacar adelante el proyecto, que pretende dar cohesión y equidad al Sistema Nacional de Salud, están en la propia casa de la ministra, el PP, donde algunos sectores se muestran partidarios de dar mayor cabida a la gestión privada sanitaria.
Hacienda y Administraciones Públicas también han puesto trabas a la norma, pero fuentes cercanas a las negociaciones han minimizado este rechazo por considerarlo común a la negociación de cualquier ley. Hacienda ha dejado muy claro que no quiere que la constitución de la Agencia de Evaluación Sanitaria suponga un aumento del crédito. Según diversas fuentes consultadas, un amplio sector del PP que tendría como mentores al ex ministro de Sanidad José Manuel Romay Beccaría y al actual secretario de Estado para la Emigración, Enrique Fernández Miranda, estarían intentando torpedear el proyecto de Villalobos con el objeto de favorecer el desarrollo de diversas fórmulas de gestión privada.
No sólo estarían intentando favorecer la entrada de capital y gestión privada, también el desarrollo de las mutuas, que hay que recordar que ya han comenzado a gestionar la enfermedad común. El servicio de salud gallego, por ejemplo, ha comenzado a distribuir recetas del Sergas entre los médicos de las mutuas gallegas.
Según estas mismas fuentes, José Ignacio Echániz participaría de estos intereses políticos. En más de un foro, el consejero madrileño ha comentado la posibilidad de cobrar servicios como el aparcamiento o la hostelería de los centros sanitarios. Aunque hay una segunda cuestión que explicaría la posición de Echániz, y es el creciente enfrentamiento con la ministra Celia Villalobos. Ayer trascendió la disputa que tuvieron durante la reunión que el secretario general del PP, Javier Arenas, mantuvo en el Congreso de los Diputados con parlamentarios y consejeros de salud populares para que Villalobos explicara las líneas maestras de la Ley de Coordinación.
Entre otras cosas, Echániz pidió cambios en la Ley General de Sanidad de 1986 (algo que el equipo de Villalobos barajó, pero que finalmente desestimó) y acusó a la ministra de 'lenta', por lo que ésta le espetó: 'Después de sus palabras, no sé si dimitir o proponerle a Aznar que lo nombre a usted ministro'.
Agencia de Evaluación
Entre los consejeros del PP hay un evidente malestar por el papel que está desempeñando el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, en la elaboración de la norma. Los responsables autonómicos del Partido Popular consideran que Moreno debería haber aunado voluntades en torno al proyecto y no dejar en manos de José Luis de Sancho, un hombre al que se le vincula ideológicamente con el PSOE, la iniciativa legislativa.
El borrador promovido por De Sancho extrema las medidas que favorecen la cohesión. La creación de una Agencia de Evaluación Sanitaria, que recoja la información básica del SNS, y el fortalecimiento del Consejo Interterritorial de Salud como garante de la coordinación serían los puntales de la ley. Es decir, nace con vocación de que el Sistema Nacional de Salud sea homogéneo en todo el Estado, lo que va en contra de quienes propugnan fórmulas privadas de gestión.
Además, el equipo de Villalobos pretende fortalecer el papel de las comunidades tanto en el Consejo Interterritorial de Salud como en la Agencia de Evaluación Sanitaria, lo que va en contra de la concepción centralista de los populares.
El PSOE no descarta que el proyecto no salga adelante, sobre todo si transforma el ministerio en una secretaría de Estado de Trabajo, como se ha planteado en alguna ocasión.