Aznar aparca la Ley de Cohesión y frena la reordenación del ministerio
El desánimo se ha apoderado de los trabajadores del ministerio. Sin ley y sin agencia de evaluación muchos funcionarios tienen poco que hacer y los que han sido traspasados a Madrid acudirán los próximos meses al Insalud sin tener asignada una función.
La debilidad de Celia Villalobos en el seno del Partido Popular es cada vez más evidente, de ahí la dificultad que está teniendo para sacar la Ley de Cohesión en unos términos que pudieran ser respaldados por el PSOE, con quien hace unos meses la titular de Sanidad parecía dispuesta a pactar.
Funcionarios del ministerio han asegurado a este diario que el proyecto está 'paralizado', pero el portavoz de la ministra declaró el viernes que la norma sigue su tramitación 'normal'. En cualquier caso, la socialista Consuelo Rumí asegura que lleva meses esperando una llamada de Villalobos para sentarse a negociar formalmente el texto.
El empecinamiento de José María Aznar por sacar adelante la reforma del seguro de desempleo, pese a la oposición de los sindicatos y las reticencias de su ministro de Trabajo, no ha hecho sino retrasar aún más la tramitación de un texto que parece abocado al fracaso. La anunciada remodelación del Gobierno podría perjudicar también su aprobación.
La decisión de aparcar el proyecto de ley tiene varias consecuencias. Algunas, nada desdeñables y de índole sanitaria, afectan a la equidad del sistema nacional de salud, en un momento como el actual en el que las comunidades están engrasando (no sin ruido) sus servicios de salud. Otras afectan directamente a la organización del Ministerio de Sanidad y el Insalud, donde muchos funcionarios empiezan a estar 'mano sobre mano', según reconocía el viernes una funcionaria del Instituto Nacional de la Salud. Ambos emplean actualmente a 2.200 trabajadores.
La Ley de Cohesión llevaba aparejada inicialmente la creación de una agencia de evaluación sanitaria, la gran apuesta política de José María Bonet, director general del Insalud, que siempre ha considerado imprescindible la constitución de un organismo capaz de reciclar y difundir la información sanitaria básica de las distintas comunidades autónomas. La agencia cumpliría una segunda función, la de dar trabajo a un montón de funcionarios de los servicios centrales que ya tienen poco que hacer.
'La situación es dramática', declaraba hace unos días a este periódico una funcionaria del Insalud. 'El final del proceso postransferencial, que se prolongó tres meses más y concluye en junio, está a punto de cerrarse y nadie nos dice qué va a pasar con nosotros. Bonet está callado porque no obtiene respuesta del ministerio y nuestro futuro depende en gran medida de la reestructuración de aquél, donde también hay un importante excedente', concluía esta funcionaria.
En el Insalud hay actualmente trabajando unas 700 personas, incluido el personal laboral y los estatutarios. En su día, la Comunidad de Madrid pactó con Hacienda que asumiría con la transferencia un 35% de la plantilla, ampliable al 51% si contaba con financiación adicional (algo difícil en estos momentos) y siempre que lo autorizase el Ministerio de Administraciones Públicas. Además, 108 personas han pedido irse a trabajar en las diversas entidades gestoras que tiene el Ministerio de Trabajo, petición que aún no ha tenido respuesta de Posada.
El resto decidió quedarse en el Insalud con la intención de solventar temporalmente la liquidación del organismo y después formar parte de la agencia de evaluación, un proyecto con el que Bonet intentó ilusionar a sus funcionarios. Muchos dudan ya de su existencia antes de un año.