Argentina pedirá ayuda al G-7 para las empresas con deudas en dólares
El Gobierno argentino pedirá al G-7 un trato especial para las empresas nacionales y extranjeras que mantienen deudas en dólares con acreedores externos. También hará gestiones ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la reunión del organismo este fin de semana. El ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, anunció la firma de un decreto presidencial para trabar los fallos judiciales que permiten retirar fondos del corralito. El acuerdo con el Fondo podría abrir una crisis gigantesca.
Una de las cuestiones que separan a las autoridades argentinas del FMI es cómo abordar la situación de las compañías nacionales y extranjeras que operan en el país y que tienen abultadas deudas contraídas en dólares en los mercados internacionales, mientras sus fondos permanecen atrapados en el corralito.
Al inicio de su gestión, en enero pasado, el presidente Eduardo Duhalde envió al Congreso una ley de quiebras que, tras su rápida aprobación, impedía que esas firmas pudiesen ser demandadas por sus acreedores durante 180 días. El Fondo presionó a Duhalde y éste reformó la ley, que, nuevamente, fue aprobada por los legisladores. Ahora, tras la visita de la misión del organismo, encabezada por Anoop Singh, el presidente se apresura a pedir al Congreso que apruebe una nueva versión de la ley, esta vez en línea con los dictados de Washington.
Pero, de manera paralela, el ministro Remes informó el lunes por la noche que Buenos Aires mantiene contactos con el G-7 para que sus Gobiernos intervengan y se pueda 'lograr una tregua hasta fin de año para que las empresas que operan en Argentina y están endeudadas con el exterior tengan un trato especial frente a sus acreedores'.
Los principales acreedores de estas empresas son bancos y empresas de países del G-7. Pero, además, las compañías argentinas que ya han suspendido pagos financieros, o están a punto de hacerlo, también pertenecen a esas naciones. Es el caso de Metrogas (British Gas), Telecom (Telecom France y STET Italia) y Aguas Argentinas (grupo Suez de Francia y Agbar de Barcelona). Claro que también implica a grandes grupos nacionales argentinos como Pérez Companc o Clarín, que deben al exterior más de 2.000 millones de dólares (más de 2.300 millones de euros).
Según un estudio del Banco Francés-BBVA, la deuda externa de los grupos privados que operan en Argentina ronda los 52.000 millones de dólares (unos 60.000 millones de euros), aunque otras estimaciones la elevan a 70.000 millones de dólares (79.800 millones de euros).
Un trabajo de la Fundación Capital indica que en el segundo trimestre de este año, el sector privado deberá hacer frente a un total de vencimientos de su deuda 1.890 millones de dólares (2.154 millones de euros). En el tercer trimestre, vencerán 2.256 millones (2.571 millones de euros), y en el último, 1.381 millones (1.574 millones de euros). El Gobierno de Duhalde teme que si no encuentra una salida rápida al tema, los próximos meses se produzca una cadena de quiebras y/o retiradas de grandes firmas del país, con la consiguiente crisis social y política. FleetBoston, propietario del Bank Boston de Argentina, informó ayer que planea reducir y vender todo o parte de sus operaciones en la región.
Justamente para evitar una quiebra del sistema financiero, Duhalde firmó ayer un decreto con el que busca detener la salida de fondos de los bancos, congelados en el corralito. La norma permite a los bancos apelar los amparos judiciales y negarse a devolver el dinero. Así, las causas pasarían a la Corte Suprema de Justicia. Pero los jueces pueden considerar inconstitucional el decreto y presentar un recurso antes.