La oposición estrecha el cerco a Rodríguez Ponga y pide responsabilidades a Montoro
La aparición ayer de una información periodística en la que se acusa al secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga, de ser el 'arquitecto fiscal' de parte de la trama oculta del BBV dio ayer a la oposición más dinamita para subir el tono de sus acusaciones e insistir en la petición de responsabilidades políticas. Pese al tajante desmentido oficial, a través de un comunicado en el que Rodríguez-Ponga anuncia incluso que se querellará contra el diario que lanza tales acusaciones, PSOE e Izquierda Unida insistieron en la necesidad de su cese inmediato. El juez que instruye el caso, Baltasar Garzón, tomará hoy declaración al gobernador del Banco de España, que acude como testigo.
El cerco contra el secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga, se estrecha. El Gobierno se despertó ayer con una información de La Vanguardia en la que este diario acusaba directamente al secretario de Estado de ser nada menos que el autor del manual para eludir impuestos que, supuestamente, sirvió a quienes participaron en la operativa secreta del BBV. Estanislao Rodríguez-Ponga trabajó en la asesoría fiscal del BBV desde noviembre de 1992 a febrero de 1997.
El diario señala que un testigo portorriqueño protegido del caso BBV aseguró que Rodríguez-Ponga le confesó ser autor de este Manual de Productos Fiduciarios, hallado por el juez Baltasar Garzón en un registro en las sedes del BBV Privanza, cuando investigaba sobre el caso Expo 92.
Rodríguez-Ponga reaccionó a la información con la difusión de un comunicado con el desmentido tajante de la noticia y el anuncio de que se querellará contra La Vanguardia. En el comunicado asegura que 'es absolutamente falso que tenga algún tipo de relación con el caso BBV y, por supuesto, que sea el arquitecto fiscal de trama alguna en Puerto Rico o que haya elaborado algún manual para evadir impuestos' puesto que 'ni por la función que desarrollaba ni por las fehcas que trabajó en la asesoría fiscal del BBV pudo participar' en el citado manual.
En cualquier caso, la información provocó un auténtico revuelo entre los partidos de la oposición, que vieron en la misma más dinamita para subir el tono de sus acusaciones e insistir en las posibles responsabilidades políticas.
La supuesta implicación de Rodríguez-Ponga en el caso constituiría un golpe durísimo para el Ministerio de Hacienda, después de la reciente dimisión del anterior secretario de Estado, Enrique Giménez-Reyna por el escándalo Gescartera.
El responsable de política económica del PSOE, Jordi Sevilla, afirmó ayer que la situación del secretario de Estado de Hacienda 'es insostenible política y personalmente y si no ha presentado ya la dimisión, debería ser cesado inmediatamente', al tiempo que instó al ministro Cristóbal Montoro a 'asumir sus responsabilidades' tras recordar que fue también quien nombró para el cargo a Enrique Giménez-Reyna. Más gráfico, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, hizo responsable político a Montoro, 'por nombrar al zorro para cuidar las gallinas' y por haber hecho responsables de la Hacienda pública a 'dos personas especializadas en evadirla', ya que, Giménez-Reyna 'venía de los chiringuitos financieros', y Rodríguez-Ponga, 'de la evasión de capitales'. El PSOE preguntará hoy a Montoro si mantiene su confianza en el secretario de Estado. Ayer, el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, volvió a salir en defensa de Rodríguez-Ponga, aunque con una declaración algo menos firme que en ocasiones anteriores: 'el Gobierno mantiene su confianza en todos los secretarios de Estado que forman parte en este momento del Gobierno'.
Los socialistas también anunciaron ayer que tienen previsto reformular la pregunta dirigida a Rodrigo Rato sobre la concesión de créditos a empresas relacionadas con su familia por parte de Argentaria, después de que la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, vetara una de las iniciativas presentadas por el PSOE para que el ministro respondiera en el Congreso. 'Si yo estuviera en el caso de Rato y no tuviera nada que ocultar, respondería en el Parlamento', dijo ayer Jordi Sevilla.
En su opinión, la gran pregunta que el vicepresidente económico sigue sin responder es si utilizó la información de que disponía sobre las cuentas secretas del BBV 'para apoyar el acceso de su amigo Francisco González al control del banco'.
El PP se persona como parte en la causa judicial
El secretario general del PP, Javier Arenas, anunció ayer que su partido ha decidido personarse en las actuaciones judiciales que se siguen en la Audiencia Nacional en relación con las cuentas secretas del BBVA. Arenas dijo que 'el interés del PP es contribuir desde esa personación al esclarecimiento total de los hechos y a la defensa del interés general colaborando con la acción de la justicia', y que 'no tiene en absoluto que ver con ninguna persona', en referencia a la presunta implicación del secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga.
El departamento de Hacienda de la Diputación de Vizcaya pidió ayer personarse también como parte en las diligencias ante la 'existencia de posibles perjuicios' porque algunas de las personas investigadas 'tienen su domicilio fiscal' en Vizcaya.
Arenas respaldó ayer al secretario de Estado de Hacienda y señaló que 'no se puede pedir ninguna responsabilidad política a Rodríguez-Ponga por haber sido asesor privado de una entidad financiera hace unos años'. 'Me remito a lo que ha dicho Rato', declaró el dirigente popular, 'mantenemos nuestra confianza en todos los secretarios de Estado del área económica'.
El secretario general consideró 'muy curioso' que el PSOE pregunte sobre el secretario de Estado y no por el ex presidente del Gobierno Felipe González y por los que eran responsables económicos cuando se produjeron los hechos que se investigan.
El secretario general del PP afirmó además que 'convendría saber qué opina José Luis Rodríguez Zapatero sobre posibles vinculaciones de empresas que financiaron al PSOE con la cuenta de Jersey'. Fue más allá y pidió una investigación interna en esta formación sobre 'los datos que ya están demostrados judicialmente y que depure responsabilidades dentro de su propio partido'.