Golpe a la confianza en el BBVA
La afloración de cuentas secretas del BBV en paraísos fiscales ha sido un mazazo para la confianza en el grupo bancario. Aunque la situación de la entidad no peligra, sí ha mermado su prestigio de cara a los inversores
La respetabilidad del segundo grupo bancario español está en entredicho. La afloración de una serie de cuentas opacas de BBV en dos paraísos fiscales -Jersey y Liechtenstein- ha despertado de su letargo los fantasmas del escándalo financiero, erosionando, de alguna manera, la confianza depositada en el BBVA por aproximadamente 1.200.000 accionistas y, de modo más amplio, la de los pequeños inversores en los gestores de las grandes compañías. El escándalo de las cuentas secretas llega además poco después del desfalco protagonizado por Gescartera ante la aparente desidia -si es que no connivencia- de los organismos reguladores y supervisores.
El pasado 23 de abril se conocía que el BBV mantuvo una cuenta secreta en el paraíso fiscal de Jersey durante 13 años, en la que había depositado un paquete de acciones propias del banco, que posteriormente fue vendido con unas plusvalías superiores a los 120 millones de euros. Desde entonces, el eco mediático ha sido atronador, y el juez Baltasar Garzón ha abierto una investigación judicial, vía penal, ante posibles delitos de apropiación indebida, delito societario de falsedad documental, delito societario de administración desleal, blanqueo de dinero y cohecho. Garzón ha pedido al Banco de España la paralización del expediente administrativo a 16 directivos del antiguo BBV, que había abierto el pasado 15 de marzo.
Aunque la situación se regularizó en las cuentas de 2000 y no ha habido perjuicio patrimonial directo para la sociedad -sino 'beneficios extraordinarios'-, el escándalo ha supuesto un severo perjuicio a la confianza en el banco y en el mercado español. 'Casos como éste elevan la prima de riesgo del mercado español y perjudican al conjunto de las empresas', señala un analista. El BBVA es accionista de referencia de empresas tan importantes como Telefónica, Repsol YPF o Iberdrola, en cuyos consejos tenía representantes que han dimitido de sus cargos. En el banco rival, el Santander Central Hispano, hay directivos procedentes del banco de Vizcaya a los que puede alcanzar también la investigación de Garzón. De un modo y otro, casi todo el mercado se ve afectado, aunque sea difícil de cuantificar en qué medida.
Perjuicios al accionista
El daño directo para el accionista de BBVA ha sido, hasta el momento, limitado. Por lo menos en términos materiales. La acción del grupo bancario ha caído un 3,41% esta semana. Eso supone una merma de capitalización bursátil o valor en Bolsa de 1.470 millones de euros. La acción ya había retrocedido un 1,75% el viernes pasado, cuando se conoció con detalle el expediente abierto por el Banco de España, pero su mayor descenso llegó este lunes, con una caída del 4,98% en la sesión, pero luego la acción incluso ha recuperado terreno.
'Fundamentalmente no creemos que tenga un gran impacto sobre el negocio o la valoración de BBVA', afirman los analistas de Merrill Lynch en un informe enviado a clientes. 'La sanción máxima del Banco de España asciende al 1% de los recursos propios (170 millones de euros)'. Sí hay un daño moral al pequeño accionista, en la medida en que ha visto mermada la confianza depositada en el grupo bancario. 'Aparte de lo penal hay un tema ético y moral', señalan en la CNMV. 'Parece que en España se reacciona a las acciones sancionables y no se tiene en cuenta la cuestión ética', añaden.
Las casas de análisis, en términos generales, coinciden en que el daño que puede sufrir el BBVA, como institución, es limitado. Más aún cuando los presuntamente implicados en la trama no forman parte ya del consejo de administración del banco. 'El cambio en la ejecutiva se ha realizado de forma progresiva en los últimos meses', explica otro analista. 'El mercado en principio no entendió los relevos que se iban sucediendo, pero ahora es cuando se empieza a entender', añaden. No en vano, Emilio Ybarra y Pedro Luis Uriarte, vicepresidente y consejero delegado del banco, salieron del consejo en diciembre del año pasado, mucho antes de lo acordado al llevar a cabo la fusión.
El problema, quizá el más grave, tiene que ver con la reacción de los inversores institucionales estadounidenses. Después del escándalo y quiebra del grupo eléctrico Enron, los nervios están a flor de piel en EE UU ante cualquier cosa que suponga irregularidades contables. La hipersensibilidad roza la paranoia. 'En nuestra opinión, las noticias sobre cuentas opacas en paraísos fiscales, ligadas a los fondos de pensiones de los ejecutivos y consejeros de BBV, representan una posible pérdida de prestigio para BBVA', aseguran en Merrill Lynch. 'æpermil;sta podría afectar especialmente a los inversores institucionales y, en particular, a los de EE UU', añaden. Paralelamente, el FBI está investigando al banco por blanqueo de dinero del narcotráfico y sobornos a políticos latinoamericanos. 'Este hecho no influye en el pequeño accionista del BBVA, pero sí en un inversor estadounidense o anglosajón, ya que este escándalo se convierte en un handicap a la hora de comprar acciones de la entidad', apunta un analista. 'Más aún teniendo en cuenta que en España existe otro banco con una trayectoria similar a la de BBVA. En esta situación, y en el caso de los inversores extranjeros, la balanza se inclina hacia la otra opción, el SCH'. Siempre, eso sí, que el escándalo no salpique a algunos altos ejecutivos del Grupo Santander.
Muchas de las ventas sucedidas en los últimos días obedecen más a la incertidumbre que al riesgo que pueda entrañar el valor. 'Todo el tema se ha convertido rápidamente en una bomba política en la prensa española', apuntan los analistas, que advierten sobre el riesgo de más noticias negativas.
A largo plazo, sin embargo, la confianza no ha decaído. Merrill Lynch, por ejemplo, se mantiene neutral a corto plazo, pero recomienda fuerte compra con vistas a un periodo más elevado de tiempo. Goldman Sachs, en un informe de ayer, evitaba cualquier mención a las irregularidades y elevaba el precio objetivo de 12,85 a 14,30 euros.
Las vías de reclamación
'El impacto que ha tenido este escándalo ha sido principalmente de confianza en un valor y en un banco, entre cuyos éxitos se encontraba la transparencia a la hora de gestionar', señala un analista de una firma española. ¿Qué hacer ante una situación como ésta? 'Lo primero que debe hacer el accionista es expresar su malestar en la junta general', apuntan en la CNMV. El problema, sin embargo, es que el pequeño accionista apenas tiene voz en las juntas, y el que la tiene poco puede hacer más que quejarse. 'La efectividad de los comentarios en las juntas es escaso. Es el derecho al pataleo', asegura Álvaro Cervera Calonje, uno de los responsables de la oficina madrileña de Union Investment. La gestora alemana posee algo más del 0,2% del capital de BBVA y prepara una dura reprimenda al consejo de administración en la próxima junta, como medida para defender, en lo posible, los derechos de los pequeños accionistas.
Más combativa, la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae) ha comenzado a agrupar al colectivo de pequeños accionistas de la entidad para presentarse como acusación popular en el procedimiento penal iniciado por el juez Garzón. 'Bajo una primera estimación, y a la espera de un estudio más detallado que llevará un tiempo, Adicae calcula que los accionistas de BBVA han podido verse perjudicados en una cuantía de entre 300 y 600 euros como media, cantidades que serán reclamadas en la Audiencia Nacional', dice la asociación. 'La cantidad ocultada es lo suficientemente importante como para que afecte al pequeño accionista, aunque no desestabilice al banco', apunta Manuel Prados, portavoz de Adicae.
'Si se actúa de una forma pública contundente, ello puede generar una situación de desgaste y de pérdidas irreversibles en el valor del título', matizan desde el departamento jurídico de Soler-Padró/Morrow. La inestabilidad acabaría pasando factura al bolsillo de los que se quejan. 'En el caso del BBVA, parece bastante evidente que las irregularidades no manchan la trayectoria de negocio del grupo y su solvencia total'. Los expertos jurídicos consideran que recomendar al accionista que se rasque el bolsillo para iniciar un pleito sólo puede tener sentido si existe una perspectiva de compensación económica en un plazo razonable.
En general, los pequeños accionistas -e incluso los no tan pequeños- están inermes. 'En la práctica, lo único que pueden hacer es vender sus acciones si no están satisfechos con la gestión, la estrategia o la limpieza de la empresa'.
Lo que sí parece ahora significativo es la baja puntuación de la entidad bancaria en un reciente informe sobre el acatamiento del código de buen gobierno que realizó Analistas Bursátiles a petición de Soler Padró/Morrow. SCH y Telefónica también se situaban por debajo de la media. 'El BBVA se situó entre aquellas empresas con un grado de cumplimiento significativamente inferior a la media del Ibex 35, fundamentalmente porque contaba con un consejo de administración sobredimensionado, fruto del acuerdo de fusión del antiguo BBV y Argentaria', explica Miquel Camper Perelló, del Departamento de Analistas y Asesores Estratégicos de la Empresa Cotizada de Soler Padró/Morrow. 'Pero no era éste el único punto deficiente que presentaba la entidad, sino también la falta de consejeros independientes', añade.
Pese al carácter voluntario para los órganos de gobierno de las sociedades de someterse al código ético, lo cierto es que en España el acatamiento a esta norma se da en el 70% de las grandes compañías. No en vano, los 35 miembros del Ibex disponen de un código de buen gobierno. Desde la CNMV se ha reiterado que el código obedece al principio de voluntariedad, si bien se recomienda a las empresas su adopción.
Decenas de filiales en paraísos fiscales
Las principales empresas cotizadas españolas disponen de decenas de filiales declaradas en diversos paraísos fiscales con miles de millones de euros en capital y reservas, según la información contenida en sus informes de auditoría. La compra o creación de filiales en paraísos fiscales es una práctica habitual y, en sí misma, perfectamente legal. Sólo las cuatro principales empresas cotizadas españolas (BBVA, Santander Central Hispano, Repsol y Telefónica) tienen más de 60 filiales repartidas por diversos paraísos fiscales, con un capital que suma unos 5.000 millones de euros, a los que añadir reservas por importe de al menos otros 7.000 millones.
Sociedades de cartera, aseguradoras, comercializadoras, financieras, tenedoras de acciones, firmas de asesoramiento, bancos, sociedades de inversión mobiliaria y gestoras de fondos figuran entre las filiales de las grandes empresas domiciliadas en paraísos fiscales tan diversos como las Islas Caimán, las Antillas Holandesas, las Bahamas, Guernsey, Panamá, Andorra, Gibraltar o Luxemburgo.
Los expertos consultados coinciden en que es casi imposible mantener un control estricto de los movimientos canalizados a través de paraísos fiscales e incluso sobre la mera existencia de sociedades no declaradas en la órbita de los grandes grupos.
Al crear una sociedad en el extranjero, la compañía española debe declararlo al Ministerio de Economía, e informar al Banco de España en caso de que haya flujos de fondos entre la empresa y una cuenta en el extranjero. En el caso de los paraísos fiscales, según la transparencia fiscal internacional, si la filial no es operativa, no realiza una actividad en aquel país, se presupone que debe incluir el pasivo generado ahí en la base imponible, a no ser que demuestre que efectivamente son rentas derivadas de la realización de una actividad.
'En casos como el de BBVA u otras grandes empresas, se trata de conglomerados tan grandes que encontrar una cuenta secreta es como buscar una aguja en un pajar', asegura el socio de un despacho de abogados español. 'Haría falta un esfuerzo tan grande para controlar todos los movimientos, que al Estado no le resulta rentable', añade. Para otro experto en fiscalidad internacional, uno de los problemas para destapar irregularidades es la falta de intercambio de información entre España y muchos paraísos fiscales.
En ocasiones fue la falta de convenios de doble imposición lo que llevó a empresas españolas a canalizar sus inversiones exteriores a través de paraísos fiscales. Los menores controles o la fiscalidad más baja, junto a razones menos confesables, explican también la atracción que los paraísos fiscales ejercen sobre los capitales.
Entre las filiales del BBVA destaca BBVA International Limited, filial de servicios financieros domiciliada en las Islas Caimán con un capital de 1.000 euros, unas reservas de 2.438 millones de euros y un beneficio en 2001 de 145 millones. BBVA Privanza International (Gibraltar) Ltd y Canal International Holding son las siguientes por tamaño dentro de la veintena larga de sociedades con más de 430 millones de capital y más de 4.224 millones de reservas.
Cerca de 20 filiales en paraísos fiscales tiene también el SCH, con 660 millones de euros de capital y unos 3.500 millones de reservas. La más importante es SCH Bank and Trust Ltd, con sede en Bahamas: tiene un millón de euros de capital, reservas de 1.845 millones y un beneficio de 305 millones en 2001, según la auditoría.
Junto a algunas filiales financieras, Repsol tiene un entramado de sociedades que cuelga sobre todo de YPF. En total, el grupo declaraba en su última memoria 13 filiales en las Islas Caimán, una en Bermudas y otra en las Antillas Holandesas con fondos propios de más de 3.500 millones. Telefónica apenas tiene filiales en paraísos fiscales puros, pero canaliza buena parte de sus inversiones a través de sociedades domiciliadas en Holanda, un país flexible en materia fiscal y financiera y puerta de entrada a las Antillas Holandesas.
Las principales empresas cotizadas españolas disponen de decenas de filiales declaradas en diversos paraísos fiscales con miles de millones de euros en capital y reservas, según la información contenida en sus informes de auditoría. La compra o creación de filiales en paraísos fiscales es una práctica habitual y, en sí misma, perfectamente legal. Sólo las cuatro principales empresas cotizadas españolas (BBVA, Santander Central Hispano, Repsol y Telefónica) tienen más de 60 filiales repartidas por diversos paraísos fiscales, con un capital que suma unos 5.000 millones de euros, a los que añadir reservas por importe de al menos otros 7.000 millones.
Sociedades de cartera, aseguradoras, comercializadoras, financieras, tenedoras de acciones, firmas de asesoramiento, bancos, sociedades de inversión mobiliaria y gestoras de fondos figuran entre las filiales de las grandes empresas domiciliadas en paraísos fiscales tan diversos como las Islas Caimán, las Antillas Holandesas, las Bahamas, Guernsey, Panamá, Andorra, Gibraltar o Luxemburgo.
Los expertos consultados coinciden en que es casi imposible mantener un control estricto de los movimientos canalizados a través de paraísos fiscales e incluso sobre la mera existencia de sociedades no declaradas en la órbita de los grandes grupos.
Al crear una sociedad en el extranjero, la compañía española debe declararlo al Ministerio de Economía, e informar al Banco de España en caso de que haya flujos de fondos entre la empresa y una cuenta en el extranjero. En el caso de los paraísos fiscales, según la transparencia fiscal internacional, si la filial no es operativa, no realiza una actividad en aquel país, se presupone que debe incluir el pasivo generado ahí en la base imponible, a no ser que demuestre que efectivamente son rentas derivadas de la realización de una actividad.
'En casos como el de BBVA u otras grandes empresas, se trata de conglomerados tan grandes que encontrar una cuenta secreta es como buscar una aguja en un pajar', asegura el socio de un despacho de abogados español. 'Haría falta un esfuerzo tan grande para controlar todos los movimientos, que al Estado no le resulta rentable', añade. Para otro experto en fiscalidad internacional, uno de los problemas para destapar irregularidades es la falta de intercambio de información entre España y muchos paraísos fiscales.
En ocasiones fue la falta de convenios de doble imposición lo que llevó a empresas españolas a canalizar sus inversiones exteriores a través de paraísos fiscales. Los menores controles o la fiscalidad más baja, junto a razones menos confesables, explican también la atracción que los paraísos fiscales ejercen sobre los capitales.
Entre las filiales del BBVA destaca BBVA International Limited, filial de servicios financieros domiciliada en las Islas Caimán con un capital de 1.000 euros, unas reservas de 2.438 millones de euros y un beneficio en 2001 de 145 millones. BBVA Privanza International (Gibraltar) Ltd y Canal International Holding son las siguientes por tamaño dentro de la veintena larga de sociedades con más de 430 millones de capital y más de 4.224 millones de reservas.
Cerca de 20 filiales en paraísos fiscales tiene también el SCH, con 660 millones de euros de capital y unos 3.500 millones de reservas. La más importante es SCH Bank and Trust Ltd, con sede en Bahamas: tiene un millón de euros de capital, reservas de 1.845 millones y un beneficio de 305 millones en 2001, según la auditoría.
Junto a algunas filiales financieras, Repsol tiene un entramado de sociedades que cuelga sobre todo de YPF. En total, el grupo declaraba en su última memoria 13 filiales en las Islas Caimán, una en Bermudas y otra en las Antillas Holandesas con fondos propios de más de 3.500 millones. Telefónica apenas tiene filiales en paraísos fiscales puros, pero canaliza buena parte de sus inversiones a través de sociedades domiciliadas en Holanda, un país flexible en materia fiscal y financiera y puerta de entrada a las Antillas Holandesas.