EDITORIAL

Una sociedad envejecida

Unos 5.000 delegados de 160 países se reúnen esta semana en Madrid para celebrar la II Asamblea Mundial sobre Envejecimiento patrocinada por Naciones Unidas. Y España es, precisamente, el país que afronta un mayor reto en materia demográfica. Según previsiones de Naciones Unidas, será el más avejentado del mundo en 2050, con un 44% de la población mayor de 60 años. Las estimaciones del INE indican que en los próximos 10 años se jubilarán más españoles de los que empiecen a trabajar. Un giro demográfico que traerá consigo importantes retos en materia de asistencia sanitaria y de pensiones, y que obligará a poner en marcha drásticas reformas para garantizar la supervivencia de ambos sistemas.

España y sus socios de la Unión Europea acuden a la cita de la ONU con una batería de propuestas encaminadas a promover la llamada 'vejez activa'. Es decir, a prolongar la vida laboral mediante sistemas de jubilación parcial y subvenciones a los empresarios que decidan contratar a mayores.

España ya estrenó el pasado 1 de enero un nuevo sistema de jubilación gradual y flexible que, en línea con las directrices comunitarias y con las reformas puestas en marcha por países como Alemania o Bélgica, incentiva la contratación de trabajadores de más de 60 años y les permite compatibilizar una ocupación a tiempo parcial con el cobro de parte de la pensión. Sin embargo, esta reforma encierra contradicciones. Incentiva la prolongación de la vida laboral, pero también generaliza y facilita el derecho a jubilarse anticipadamente a partir de los 60 años.

La mayoría de los expertos coinciden en que los cambios impulsados por el Gobierno, con el beneplácito de la patronal y de Comisiones Obreras, son todavía demasiado tímidos si se tiene en cuenta el difícil horizonte demográfico de la sociedad española. Durante los últimos años la entrada de inmigrantes ha servido como parche, eficaz tanto para alimentar el mercado laboral como para que el movimiento natural de población siga ofreciendo saldos positivos. Pero tampoco esta vía será suficiente a largo plazo, porque la población inmigrante también envejecerá tarde o temprano. Además, el problema se verá agravado por el aumento progresivo de la esperanza de vida, que pasará de los 79,03 años actuales a los 80,75 en la próxima década.

Además de prolongar la vida laboral, España necesitará reformar su sistema de pensiones. El Gobierno ve con buenos ojos la introducción progresiva de un sistema de capitalización privado como el promovido por Alemania. Pero una iniciativa de este tipo puede resultar impopular y no está claro que el Ejecutivo esté dispuesto a pagar el coste electoral que traería consigo. Un vértigo político que, a juzgar por los datos demográficos que serán debatidos esta semana, habrá que vencer tarde o temprano.