EE UU

George Bush ve peligrar el control comercial por la reforma energética

El presidente de EE UU, George Bush, se ha marcado una ambiciosa agenda comercial que está supeditada a la decisión del Senado sobre la Autoridad para la Promoción Comercial. La Cámara alta retoma hoy las sesiones y los republicanos prevén que esta ley se apruebe dentro de dos semanas. Los demócratas, sin embargo, condicionan su apoyo a modificaciones en otras leyes, como la reforma energética.

La nueva ronda mundial de liberalización comercial, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), los acuerdos bilaterales, las disputas comerciales. Todo está supeditado a que Bush obtenga del Senado la Autoridad para la Promoción Comercial (TPA, por sus siglas en inglés, y antes conocido como fast track) que ya le otorgó, con condiciones y por tan sólo un voto, la Cámara de Representantes en diciembre.

La semana pasada Bush puso el próximo 22 de abril como fecha límite para la votación de la TPA por parte del Senado. Según fuentes republicanas consultadas por este periódico, ésa es la primera fecha disponible para someter la autoridad comercial a votación, dado el retraso que acumula la agenda legislativa tras el estallido del caso Enron (que ha condicionado la tramitación de la reforma energética) y las duras negociaciones con los demócratas para la aprobación del último paquete de estímulo económico. Aun así, reconocen que la aprobación de la autoridad comercial no puede darse por segura.

Aunque el apoyo al fast track es numeroso entre los demócratas (con mayoría en el Senado), el líder demócrata de la Cámara Alta, Tom Daschle, ha supeditado los votos decisivos de su grupo a modificaciones en otras leyes actualmente en tramitación. Y, en especial, a la reforma energética propuesta por el vicepresidente, Dick Chenney, duramente criticada por defender en exclusiva los intereses de las empresas y que será votada hoy.

El peso de las elecciones

EE UU afronta en noviembre elecciones para la renovación parcial del Congreso y el tema energético resulta decisivo para conquistar el voto en determinados Estados, como California.

Las elecciones de noviembre pueden modificar los escaños que ambos partidos tienen ahora en las dos Cámaras. De ahí que Bush quiera asegurarse el fast track cuanto antes. De aprobarse, Bush tendría la prerrogativa comercial en su poder hasta enero de 2005 (cuando deben estar concluidas las negociaciones del ALCA y de la nueva ronda de la OMC), con la posibilidad de extenderlo hasta junio de 2007.

El Gobierno acaba de presentar al Congreso su agenda comercial para 2002, donde da prioridad a las negociaciones en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los acuerdos bilaterales y el proceso del ALCA. Y todo ello condicionado, en buena medida, por la autoridad comercial.

El plan de la Casa Blanca prevé firmar este año sendos acuerdos de libre comercio con Chile y Singapur, donde las negociaciones se encuentran bastante avanzadas. Asimismo, ha propuesto iniciar las negociaciones para el mismo fin con Australia y la extensión del acuerdo de preferencias comerciales con los países andinos y el sistema generalizado de preferencias comerciales para los países en desarrollo. Para estos dos últimos, Bush necesita ineludiblemente el apoyo del Congreso.

El fast track condiciona en mayor medida el proceso del ALCA. Tras el impulso dado al proceso de liberalización comercial en todo el continente americano en la Cumbre de las Américas celebrada en abril del año pasado en Quebec, el proceso afronta en mayo su primera negociación sectorial. Será entonces cuando se empiecen a negociar los capítulos agrícola, productos industriales, servicios, inversiones y administración pública.

La evolución definitiva de este proceso quedará marcada por la presidencia del mismo, que en octubre pasará a ser compartida por EE UU y Brasil, el principal crítico al acuerdo. Brasil ha advertido que de mantenerse las excepciones introducidas por la Cámara de Representantes a la autoridad comercial de Bush, el ALCA entrará en punto muerto.

La ley reduce la capacidad del presidente para aplicar aranceles como los del acero

El texto de la ley aprobado por el 28 de febrero por el Comité de Finanzas del Senado excluye de la capacidad de negociación comercial de Bush 'los productos agrícolas sensibles a la importación, la pesca y las leyes para preservar el comercio'. Entre éstas, se incluyen las medidas de salvaguarda como las que explican -según EE UU- los aranceles impuestos por Washington a las importaciones de acero desde el pasado 20 de marzo. Eso supone que con la autoridad comercial en poder de Bush, la decisión última sobre la aplicación de nuevos aranceles en sectores afectados por la competencia de otros países no correspondería al presidente, como hasta ahora, sino a un comité especial de asesores del Congreso para la negociación de asuntos comerciales, de nueva creación en la ley. El nombramiento de esos asesores corresponde a los miembros de los Comités de Finanzas de ambas Cámaras, ahora en manos de los republicanos en la Cámara de Representantes y de los demócratas en el Senado, pero que puede cambiar en las elecciones de noviembre. La nueva ley reduce así la posibilidad de que Bush extienda el tipo de medidas de salvaguarda aplicadas al acero a otros a sectores que, como el textil, se ven amenazados por la competencia exterior y cuyo peso en determinados estados resulta decisivo para las elecciones de noviembre. La semana pasada India aprobó el cultivo de algodón modificado genéticamente, lo que aumentará la capacidad productiva de su potente industria. Los demócratas también han vinculado la tramitación del fast track a la de la Ley de Asistencia para los Ajustes Comerciales (TAA, por sus siglas en inglés). Este programa establece ayudas para los trabajadores afectados por los procesos de reestructuración de sectores que se ven afectados por la competencia -desleal, a juicio de EE UU- de otros países y planes de reconversión laboral. Los republicanos han prometido aumentar la dotación de estas ayudas para asegurarse el respaldo de la mayoría demócrata a la TPA.