Inseguridad jurídica
A la crisis política, Argentina suma la inseguridad jurídica, más dañina. Carlos Solchaga entiende que el mantenimiento de ciertas normas hace difícil la salida de la actual situación de quiebra económica
Por si fueran pocos los problemas que tiene Argentina con su profunda crisis política y su bancarrota económica, el país se está metiendo en un mundo de inseguridad jurídica que puede hacerle tanto o más daño que la incertidumbre política y económica que hoy vive. Todo comenzó con el enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Argentina a propósito del corralito y la legalidad constitucional del mismo, primero respaldada por el Alto Tribunal y luego denegada cuando entendieron sus componentes que el Gobierno de Duhalde trataba de canalizar el descontento de los ahorradores argentinos hacia los jueces poniendo en tela de juicio su honestidad.
En este ambiente de graves enfrentamientos entre ambos poderes -al que se unió con entusiasmo el legislativo poniéndose del lado del Gobierno- no es extraño que se estén dictando actos judiciales y sentencias que bajo la presión de la opinión pública o del sentido del oportunismo político de los jueces de turno estén desembocando en crear una atmósfera de total inseguridad jurídica. Víctima propiciatoria de la misma ha sido sin duda el anterior ministro de Economía Domingo Cavallo, autor intelectual del corralito, un tremendo error sin duda basado en la creencia de que romper la convertibilidad era políticamente imposible, pero que no impidió, sino que acabó provocando que ésta desapareciera en pocos días. Cavallo ha sido encarcelado por un supuesto delito de contrabando de armas en el que prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que su responsabilidad es menor o inexistente y en cuya instrucción los principales acusados están libremente en la calle. A Cavallo no se le presentaron nuevas pruebas de cargo sobre su implicación. Simplemente el juez Speroni decidió su encarcelamiento conocedor de que nadie de la opinión pública argentina denunciaría la desproporción de dicha medida.
Sin embargo, no son los jueces con sus actuaciones ni los políticos con sus opiniones y decisiones los únicos que contribuyen a la actual inseguridad jurídica en Argentina. Leyes como la de subversión económica que procede de la época de la Junta Militar o la recientemente aprobada de suspensiones de pagos y quiebras son por su contenido y procedimientos monumentos a la inseguridad jurídica de los afectados y en algunos casos a la falta de sentido común. Es posible que hoy, mientras sus potenciales perjudicados (administradores, acreedores, etc.) sigan constituyendo una minoría, no exista una presión pública en favor de su profunda reforma e incluso de su derogación, pero el Gobierno debe comprender que el mantenimiento de estas normas va a hacer difícil si no imposible salir de la actual situación de quiebra económica de la República Argentina, conseguir el apoyo internacional necesario para alcanzar este objetivo y restaurar cuanto antes la atmósfera propicia al mantenimiento de las inversiones internacionales en aquel país y la reanudación de los flujos de capitales en un futuro.
Otro tanto pasa con el retraso de la renegociación del sistema tarifario en las empresas de servicios que si, en mi opinión, deben aceptar unas nuevas condiciones adaptadas a la nueva y difícil situación del mercado argentino, necesitan, sin embargo, conocer rápidamente cuáles son éstas y asegurarse de que no imposibiliten la viabilidad de las compañías. De momento, esta incertidumbre jurídica, acompañada de la dramática situación económica financiera argentina, han traído consigo la suspensión de pagos de la compañía telefónica en manos de France Télécom y Telecom Italia y de la compañía de gas Metrogas. Otras pueden seguir el mismo camino en las próximas semanas.
Si a ello añadimos el hecho de que el Gobierno y las autoridades monetarias cambian cada pocos días las condiciones en que deben trabajar la banca y el sistema financiero o el tratamiento fiscal de las exportaciones, debemos concluir que en las actuales condiciones no existe más perspectiva para Argentina que la caída en la más oscura de las recesiones.