El Gobierno autoriza la firma del convenio de defensa con EEUU
El nuevo convenio de Defensa entre España y Estados Unidos será suscrito la próxima semana en Madrid por los ministros de Exteriores de ambos países, Josep Piqué y Colin Powell, y permitirá actualizar el texto de 1988 que, en su cuerpo fundamental, continuará vigente.
Además, el Consejo de ministros aprobó hoy el nuevo Plan de Regadíos, con medidas que abarcan hasta el año 2008, y una dotación de 3.000 millones de euros para el fondo de reserva de la Seguridad Social.
Con esta cantidad, que supondrá un total acumulado de 5.400 millones de euros para este fin, se cumplirán ya las previsiones de aportación a este fondo para toda la legislatura.
El Gabinete tenía previsto igualmente solicitar a Francia la extradición del presunto miembro de la banda terrorista ETA Juan Ramón Karasatorre y autorizar la firma de varios convenios entre la Jefatura Central de Tráfico y las Diputaciones Provinciales de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Aragón.
También estaba previsto que el Ejecutivo aprobara el nombramiento del hasta ahora vicepresidente primero del Congreso, Francisco Camps, como nuevo delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana en sustitución de Carmen Mas, quien abandona el cargo por motivos personales.
El Gobierno recurre la Ley de Readiocomunicaciones de Castilla-La Mancha
El Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional varios preceptos de la Ley de Ordenación de las instalaciones de Radiocomunicación de Castilla-La Mancha por entender que invade competencias reservadas a la Administración Central en materias de telecomunicaciones y control aéreo.
El Consejo de Ministros acordó hoy la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra varios puntos de un total de seis artículos de la norma castellano-manchega, aprobada por las cortes regionales en junio de 2001 y que fue la primera ley autonómica en regular la instalación y las emisiones de antenas y equipos de telefonía móvil, según anunció entonces el ejecutivo autonómico.
Uno de los motivos del recurso es precisamente la exigencia, recogida en el artículo 7 de esa ley, a los operadores de radiocomunicaciones para que "incorporen las mejoras tecnológicas que vayan apareciendo y que contribuyan a reducir los niveles de emisión de los sistemas radiantes" y para que revisen anualmente sus instalaciones.
El Gobierno entiende que la comunidad autónoma no es competente para imponer esas obligaciones, que sólo puede establecer la Administración central.