Los fiscalistas echan en falta mayores incentivos a las rentas del trabajo
El Gobierno ha dado ya el pistoletazo de salida a la fase final de la nueva reforma del IRPF, una vez que la comisión de expertos designados por el Ejecutivo -Comisión Lagares- entregara el pasado miércoles su informe final, en el que, entre las más de 100 propuestas, pide una reducción del tipo marginal máximo del 48% actual al 45%; y del mínimo, del 18% al 15%, y la simplificación de tramos de la tarifa, de seis a cuatro.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se limitó ayer a valorar 'positivamente' el contenido del trabajo de la comisión, remitiendo a los próximos días para un análisis más profundo del informe. Montoro señaló, en unas jornadas sobre estabilidad presupuestaria, organizadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que la intención del Gobierno es estudiar el anteproyecto de ley en 15 días, probablemente en el Consejo de Ministros del 19 de abril, para su posterior remisión a los órganos consultivos (Consejo de Estado y Consejo Económico Social).
El objetivo pasa por que el proyecto de ley inicie su trámite parlamentario, como muy tarde en junio, para que dé tiempo a que la reforma entre en vigor en enero de 2003.
El ministro no evaluó el coste exacto de la nueva reforma pero señaló que supondrá una rebaja de dos décimas en la presión fiscal y será compatible con el mantenimiento del equilibrio fiscal. Mientras Montoro hacía estas declaraciones, algunos de los principales despachos de abogados realizaban sus primeras declaraciones a este diario. A falta por conocer el borrador del anteproyecto de ley -la comisión sólo tiene carácter consultivo-, los fiscalistas valoran positivamente los cambios propuestos por el equipo de Lagares, muchos de los cuales son viejas reivindicaciones de los profesionales, como la supresión del régimen de transparencia fiscal o la tendencia a la reducción de tipos marginales, tanto para rentas altas como para las más bajas. Ahora, bien, echan en falta mayores incentivos a las rentas del trabajo, que son las que tradicionalmente soportan el peso del impuesto. El informe Lagares propone, con carácter general, aumentar la reducción en los rendimientos del trabajo, pero se centra en ciertos colectivos, como las personas desempleadas que decidan aceptar una oferta de trabajo o las mujeres con hijos a cargo.
'La impresión es buena aunque tenemos que esperar a ver el texto legal', dice a Cinco Días Abelardo Delgado, del bufete Garrigues, quien 'considera' interesante la mejora propuesta en los planes de pensiones. Por su parte, Antoni Durán, de Aedaf, ve con preocupación el impacto recaudatorio sobre los ingresos públicos.
Valentín Pich, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), considera que el momento elegido para la reforma -'próximo a una recuperación económica'- es el adecuado, aunque se muestra preocupado por los nuevos periodos transitorios que se vayan a implantar en la nueva tributación del ahorro. Arturo Jiménez, del bufete Díaz Arias, cree que hubiera sido necesario una reducción del marginal máximo hasta el entorno del 40%. Mariano Rabadán, presidente de Inverco, la patronal de fondos de inversión y pensiones, valoró positivamente la propuesta de Lagares de rebajar del 18% al 15% el gravamen de las ganancias patrimoniales generadas en más de un año.
Ayer, también hubo tiempo para las reacciones políticas. El conseller catalán de Economía, Francesc Homs, se mostró 'partidario' de la reforma que prepara el Gobierno y expresó su disposición a apoyarla en el trámite parlamentario. Homs apostó por una rebaja más amplia del tipo máximo, hasta situarlo cerca del 43%. La intención del Ejecutivo catalán es adaptar el tramo autonómico a la reforma del tramo estatal del IRPF, aunque la Generalitat estudia la posibilidad de introducir deducciones adicionales. Menos optimista es el sindicato UGT, que no ve razones para rebajar la tributación a las rentas más altas.