Otro recorte del IRPF
La Comisión para la Reforma del IRPF, presidida por el profesor Manuel Lagares, presentó ayer sus propuestas para la nueva reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, la segunda consecutiva del PP, que el Gobierno quiere poner en marcha en enero del próximo año. El objetivo es un nuevo paso en el recorte del impuesto, que se añade al implantado en 1999, pero que se queda aún lejos de las ambiciones del programa electoral con el que el PP conquistó el poder en 1996.
La comisión recomienda reducir de seis a cuatro los tramos de la tarifa del impuesto. El tipo mínimo bajará del 18% al 15%, tal como había adelantado el Gobierno, y para el máximo, situado hoy en el 48%, la comisión recuerda la promesa electoral del presidente Aznar de rebajarlo al 40%, pero que 'en todo caso no sea superior al 45%'. El Gobierno, por razones recaudatorias, podría optar al final por situarlo en el 46%.
El informe no cree necesario retocar los mínimos personal y familiar, aunque sí ve conveniente su revisión periódica en el futuro. Contempla nuevos incentivos fiscales, entre los que destacan el aumento de la desgravación a partir del tercer hijo y una deducción especial por cada hijo menor de tres años, de carácter devolutorio y aún por cuantificar. Opta también por premiar al parado que acepte un empleo, aunque en este caso la comisión duda si debe hacerse por la vía fiscal o por medio de subvención a cargo de la Seguridad Social. Para incentivar el mercado de alquiler de vivienda, la recomendación al Gobierno es mejorar la carga fiscal del propietario.
El atractivo para los inversores es la propuesta de que los rendimientos de capital mobiliario, independientemente del instrumento financiero utilizado y generados en un periodo superior a dos o cinco años, puedan integrarse en la base imponible general con la aplicación de un coeficiente reductor del 40% en el primer caso y del 70% en el plazo más largo. Si el Gobierno asume la propuesta, las empresas pueden verse liberadas del límite en las contribuciones a planes de previsión. Y las compañías de seguros pueden aspirar a ver cumplida su reivindicación de igualar la fiscalidad de los seguros colectivos y de los seguros de vida a la más favorable de que gozan los planes de pensiones.
El objetivo de esta nueva reforma del IRPF se inscribe en una línea de continuidad con la que entró en vigor en enero de 1999 y a la que el informe de la comisión atribuye un incremento del PIB de 0,5 puntos ese año y de 0,56 en 2000, así como la generación de 150.000 empleos en el bienio. El Gobierno ha insistido en el efecto reactivador de la economía que proporciona liberar rentas a los contribuyentes. Si el coste recaudatorio para Hacienda -sobradamente compensado por la mejora de la economía- se calculó en casi 5.000 millones de euros en la primera reforma, ahora se puede ver reducido a la mitad. La desaceleración quizá aconsejaría ser más ambicioso, sobre todo cuando otros países europeos tienen reformas en marcha que van más lejos.