El Gobierno argentino se divide por un impuesto a las exportaciones
El Gobierno del presidente Eduardo Duhalde se ha divido sobre la crucial decisión de imponer un impuesto a las exportaciones agropecuarias e industriales, justo en el momento en que una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) inicia sus trabajos en Argentina.
Si bien fuentes del Gobierno dan como un hecho la imposición de esas retenciones, el secretario de Hacienda, âscar Lamberto, se manifestó ayer en contra del impuesto.
De esta forma, Lamberto se hace eco del rechazo generalizado del sector rural e industrial, junto a los gobernadores provinciales, que se oponen a esta medida. El proyecto, destinado a incrementar los recursos fiscales y en línea con las exigencias del FMI, fue elaborado por el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov.
El presidente Duhalde lleva una semana negociando con sus ministros y con las organizaciones empresariales, y es reticente a esa medida. Pero se estima, en fuentes privadas y oficiales, que los anuncios se realizarán hoy y afectarán a los aceites, harinas, carnes y aluminio. También a otros bienes industriales.
El ministro de la Producción, el industrial José Ignacio de Mendiguren, sostuvo ayer que ese impuesto 'es un mal no deseado al que hay que apelar para mejorar la recaudación'. Sin embargo condicionó su puesta en marcha a la 'reconstrucción del sistema financiero, porque sin crédito no hay actividad'.
Quiebras
Mientras el dólar se mantenía ayer sin mayores cambios, al cotizar a 2,95 pesos, la situación económica continúa sin reactivación a la vista.
El número de quiebras y suspensiones de pagos de empresas argentinas aumentó el 57,8% en marzo, respecto del mismo mes del año pasado, de acuerdo con datos oficiales conocidos ayer. En total hubo 243 quiebras y suspensiones, la peor cifra registrada en el mes de marzo en los últimos siete años. Sin embargo hubo una disminución del 16% respecto de las quiebras registradas en febrero pasado.
Las deudas declaradas por empresas y particulares en los procesos por quiebra alcanzaron a 523,2 millones de pesos (unos 200 millones de euros). Las suspensiones de pagos crecieron el 174% respecto a marzo de 2001, en tanto las quiebras se redujeron en el 7,3%.