Un juez de EE UU obliga al Gobierno a identificar a los detenidos del 11-S
Un tribunal de Nueva Jersey obligó ayer al Gobierno de EE UU a ofrecer información de los detenidos en dos cárceles del Estado tras los atentados del 11 de septiembre, por lo que el Departamento de Justicia deberá ofrecer los nombres de los encarcelados por su supuesta relación con los ataques y las razones de su permanencia en las dos prisiones que tiene el Estado de Nueva Jersey.
Aunque el Departamento de Justicia puede recurrir la sentencia en los próximos 45 días, el dictamen del juez supone un serio revés a la política aplicada por la Casa Blanca tras el 11-S. El Gobierno aprobó una ley por la que podía retener por tiempo indefinido y sin acusación específica a inmigrantes sospechosos de estar relacionados de alguna manera con los ataques a las Torres Gemelas y contra el Pentágono.
La Asociación Americana para los Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) fue quien presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo de Nueva Jersey, por albergar las dos cárceles que cuentan con el mayor número de estos detenidos.
La Asociación denuncia que al no estar formalmente acusados los detenidos, carecen de la posibilidad de solicitar asistencia legal e incluso sin ningún medio de contacto con el exterior, lo que vulnera sus derechos civiles.
'Es el triunfo de la justicia', dijo la directora de ACLU en Nueva Jersey, Deborah Jacobs. 'La sentencia nos permitirá ofrecer asistencia jurídica a aquellos que lo necesiten. Pero también tendrá importantes implicaciones para los detenidos por este motivo en todas las cárceles del país.
En su último informe, el Departamento de Justicia informó que había 327 detenidos por supuesta violación de las leyes de inmigración o siendo investigados por 'posibles conexiones terroristas'. Ese número no incluye a los detenidos cuyo proceso está bajo secreto o aquellos con vínculos materiales con grupos sospechosos, lo que según la ACLU eleva el número de detenidos sin ningún tipo de protección a cerca del millar.
El fiscal general, John Ascroft, se ha opuesto siempre a publicar los nombres de los detenidos aduciendo que la información sería 'demasiado sensible para el escrutinio público'.
Sin embargo, el juez de Nueva Jersey considera que las condiciones de los detenidos vinculados al 11-S ven vulnerados sus derechos privados y advierte, además, que esa política dificulta la colaboración de los mismos con las investigaciones que lleva a cabo el Gobierno en ese área.