Por el buen camino
Amediados de febrero se constituyó Bolsas y Mercados Españoles, la sociedad que controlará las cuatro Bolsas, los mercados de renta fija, productos derivados, de futuros y opciones sobre cítricos, al SCLV y a Iberclear -la sociedad formada por el citado sistema de compensación y por la Central de Anotaciones del Banco de España-. De esta forma, los intermediarios bancarios y bursátiles -especialmente los grandes bancos, las cajas en menor proporción y algunas grandes sociedades de inversión extranjeras- resultarán ser los propietarios de esa sociedad de control, una de cuyas finalidades más evidente será la de consolidar una entidad de tamaño y rentabilidad suficiente para negociar sin complejos con las grandes plazas europeas.
Otro objetivo reside en sacar a Bolsa la sociedad, lo cual reportaría a los accionistas actuales unas considerables plusvalías. Todo lo cual supone, en principio, una magnífica noticia aun cuando sea una lástima el tiempo perdido por mor de vacilaciones injustificadas, intereses localistas o concepciones teñidas de regalías que tuvieron su razón de ser bastantes años atrás.
El reconocimiento de ese avance no debe llevar a ignorar algunas cuestiones esenciales para que la nueva empresa alcance el éxito que todos deseamos y que nuestros mercados necesitan. El caso Gescartera y la desafortunada actuación de la CNMV hizo dudar sobre la eficacia de la supervisión pública en materias tan cambiantes como los mercados de capitales y la actuación de los intermediarios en ellos.
Pero lo cierto es que en la era de los mercados globales se precisan entidades sólidas y respetadas, así como sistemas de supervisión de eficacia probada y de patrones de actuación por encima de cualquier sospecha. Con semejante óptica constituiría un error que Bolsas y Mercados Españoles acabara considerándose como una institución meramente privada cuyo primordial objetivo fuese la remuneración de sus accionistas o la plasmación de sus intereses particulares de negocio.
Muy al contrario, dada la singular importancia que estos mercados e instituciones reúnen para el funcionamiento de nuestras economías, esa sociedad debería concebirse como un ente privado pero con una finalidad pública y, por lo tanto, tener muy presente que en modo alguno debe valorar la conveniencia de sus accionistas por encima de las funciones de los mercados públicos a los que sirve. Sin echar en saco roto conceptos tan básicos en una entidad privada como la rentabilidad, esa concepción no sólo habría de reflejarse, por ejemplo, en su política de inversiones, sino que cabría también considerar que enfoques en los cuales los poderes públicos delegan en la sociedad facultades de supervisión y competencias de gestión de ciertas facetas de funcionamiento de los mercados acaso resultasen más eficaces que la riada de nuevas atribuciones con que el proyecto de Ley Financiera pretende inundar la CNMV, sin preguntarse si realmente está capacitada para ejercitarlas.
Si como aquí se propugna, y por delegación de la CNMV, Bolsas y Mercados Españoles llegase a tener atribuidas ciertas responsabilidades públicas -por ejemplo, el establecimiento de criterios de autorregulación de los mercados, la localización y denuncia de comportamientos irregulares, además de la exigencia de prácticas contables y normas de gobierno en las sociedades cotizadas-, ello exigiría ciertas adaptaciones y cambios para estar a la altura de lo que de ella cabe esperar, aunque acaso no se aceptaran de buen grado entre algunas de las entidades y personas que inicialmente van a conformar los órganos rectores de la nueva sociedad.
Me refiero a que en una entidad concebida de forma que sirva ante todo a los intereses de los mercados y ejerza por delegación del supervisor público algunas tareas que comportan responsabilidades de carácter general, parecería lógico que aproximadamente la mitad de su consejo de administración estuviese compuesta, desde luego, no por delegados del sector público, pero sí por personas que capaces de defender los intereses públicos tanto por su profesionalidad como por su probada independencia respecto a las ambiciones y propósitos de los grandes accionistas privados.