El Gobierno de EE UU suspende sus contratos con Enron y su auditora
Antes de que se conociera el texto de la acusación penal del Departamento de Justicia contra Andersen, desde la firma auditora presidida por Joseph Berardino se comenzó una campaña para minimizar la huida de sus clientes. A uno de ellos no le han podido convencer. Se trata de la propia Administración del Estado que ayer decidió suspender todos los contratos, tanto con Andersen, como con Enron.
La empresa de Tejas ha protagonizado la mayor suspensión de pagos de la historia de EE UU y su súbita caída está bajo investigación por el Congreso, la SEC (regulador del mercado de valores), el FBI y una oficina especial del Departamento de Justicia. Andersen fue la auditora de Enron.
La suspensión impuesta por la Administración General de Servicios (GSA, en sus siglas en inglés) es de un año para la eléctrica en suspensión de pagos y, en el caso de Andersen, por el tiempo que dure la resolución del caso abierto contra ella por la justicia estadounidense. La decisión no sólo afecta a los actuales ejecutivos o socios de ambas compañías, sino también a algunos de los que han trabajado para ellas en algún momento.
La administración del Estado ya puso en estudio esta posibilidad en enero. Entonces se dijo que los contratos de las dos empresas eran aproximadamente un centenar y su valor se aproximaba a los 70 millones de dólares (79,8 millones de euros). Según los datos manejados por la agencia Bloomberg, los contratos de Andersen se elevan a 11,4 millones de dólares y principalmente trabaja para el Departamento de Defensa.
Responsabilidad
'Según la ley, el Gobierno debe contratar con empresas responsables', se aseguraba en un comunicado hecho público por la GSA. De acuerdo con esta oficina, se tienen evidencias de que Enron cometió irregularidades que afectan a su perfil para ser contratados por el Estado.
La acusación hecha ayer por otra oficina del Gobierno contra Andersen ha precipitado la decisión de la GSA. Entre las personas que no podrán contratar con la Administración figura David Ducan, socio de Andersen presuntamente responsable de la destrucción de estos documentos y que fue despedido. Tampoco podrán ser sujetos de un contrato público el ex director de finanzas de Enron Andrew Fastow, el ex consejero delegado Jeff Skilling y su presidente Kenneth Lay. Enron ha sido un gran contribuyente de campañas políticas, especialmente republicanas y en concreto la del presidente, George Bush.
Ahora la propia existencia de Andersen está en cuestión. Ayer la firma desestimó acudir a una suspensión de pagos, aunque desde el bufete de sus abogados y la propia firma se describió esta acusación como una 'sentencia de muerte' y 'un flagrante abuso de poder gubernamental'.
De momento, y por las implicaciones que sobre la Bolsa puede tener, la SEC no ha hecho leña del árbol caído. Su presidente, Harvey Pitt, ha dicho que las 2.300 empresas auditadas por Andersen podrán presentar las cuentas y las que no puedan por haber despedido a este auditor podrán presentarlas sin auditar para cumplir los plazos. La SEC tendría que prohibir a Andersen auditar si la empresa fuera declarada culpable (ahora mismo es una acusación) o hubiese aceptado su culpabilidad como pedía el Departamento de Justicia.