La Generalitat interviene L'Aliança para evitar la situación de quiebra
La Generalitat de Cataluña intervino ayer la mutua L'Aliança al considerar que la entidad 'cuenta con un patrimonio neto negativo' y un manifiesto 'déficit de solvencia'. El consejero de Economía, Francesc Homs, aseguró que la Administración ya tiene 'evidencias probadas de que la entidad realizó doble facturación'.
Tras una semana de incertidumbre sobre el futuro de la mutua L'Aliança, los consejeros de Economía y Sanidad, Francesc Homs y Eduard Rius, respectivamente, ejecutaron ayer la intervención de la entidad. El relevo del consejo de administración, el presidente y su director general se llevó a cabo a lo largo de la mañana y la Generalitat hizo pública la noticia por la tarde.
En rueda de prensa, Homs y Rius explicaron los motivos de la intervención. Según el consejero de Economía, L'Aliança 'tiene un patrimonio neto negativo' y un manifiesto 'déficit de solvencia', motivo por el que, acogiéndose a la ley catalana de mutualidades, la Generalitat ha decidido la intervención.
Para evitar esta situación de quiebra técnica, Homs aseguró que la Administración catalana 'dará un apoyo total a la entidad con el objetivo de garantizar los derechos de los mutualistas y los trabajadores'. Sin embargo, el consejero se negó a matizar si ese apoyo total incluye el apoyo financiero. 'No podemos decir nada ahora porque no hemos tenido acceso a la información contable con detalle', reconoció el consejero.
Precisamente, uno de los motivos alegados para llevar a cabo la intervención fue la falta de colaboración del equipo gestor de L'Aliança a la hora de dar la información requerida por la Administración. 'No nos han dado la lista de mutualistas ni todos los detalles contables que pedimos', explicó Homs.
Respecto a la presunta doble facturación realizada por L'Aliança al Servicio Catalán de la Salud (SCS) y a sus mutualistas, Homs aseguró que 'existen evidencias probadas'. El consejero de Sanidad explicó que dentro de la investigación realizada 'se han revisado 11.000 facturaciones de L'Aliança al SCS.
De entre estos casos se ha remitido una carta a 4.000 mutualistas para preguntarles si ingresaron en el hospital de L'Aliança como mutualistas o como pacientes de la Seguridad Social. Hasta ahora hemos recibido unas 1.000 respuestas de las que un 90% han dicho que ingresaron en condición de mutualistas'.
Rius también aseguró que dispone de declaraciones de anteriores directivos de L'Aliança que refrendan la hipótesis de que existió doble facturación.
Inspección extraordinaria
La Generalitat emprendió el pasado 5 de febrero dos inspecciones extraordinarias, una financiera y otra sanitaria, en L'Aliança. A lo largo de estas inspecciones también se ha detectado que el hospital del Sagrado Corazón, propiedad al 100% de L'Aliança, puso en práctica la facturación irregular al SCS. Rius no quiso cuantificar el importe de la doble facturación detectada, pero fuentes no oficiales estiman que ascendería a unos 7,2 millones de euros.
La intervención de L'Aliança supone el cese como director general de Ramón Carranza, primer ejecutivo de la entidad. Carranza y el consejo de administración han sido sustituidos como administradores provisionales de la mutua por el director general de Régimen Económico de la Seguridad Social, Enric Mangas, y el director del Área de Recursos del SCS, Miquel Argenté. El objetivo de los dos administradores será desmenuzar los estados contables de la entidad y comprobar la irregularidades presuntamente cometidas por el equipo gestor. La actual situación financiera de L'Aliança, con patrimonio neto negativo, ha sido provocada en parte por la decisión de la Generalitat de exigir a la entidad el pago inmediato de 9,3 millones de euros (1.547 millones de pesetas) en concepto de liquidación definitiva de los conciertos existentes entre la mutua y el SCS.
Además, la Consejería de Sanidad rechazó el pasado día 4 de marzo una petición de L'Aliança, en la que ésta solicitaba un aumento del importe del concierto firmado con el SCS los años 1999, 2000 y 2001, que estaba fijado en 29 millones de euros.