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Ley de diseño

El Gobierno ultima una ley que protegerá los diseños aunque no se registren

El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha elaborado un anteproyecto de ley de diseño cuyo objetivo es mejorar la protección de los diseños industriales y adaptar la normativa española a la comunitaria. El anteproyecto prevé la protección de los nuevos diseños durante tres años aunque no se registren. La medida es especialmente relevante para sectores como la moda, el calzado o el juguete, cuyas colecciones cambian cada año y a los que resulta muy costoso registrar cada nueva creación.

Establecer un sistema de protección del diseño más ágil y favorecer las invenciones de los sectores que basan su competitividad en la rotación de sus creaciones son dos de los principales objetivos que han impulsado al Ministerio de Ciencia y Tecnología a elaborar el anteproyecto de la futura ley de diseño.

La futura norma establece la protección industrial de los diseños que comporten novedad o singularidad. Se podrá proteger desde el estampado de una corbata al de un automóvil. Pero también se permite el registro de partes de un producto complejo, como la aleta de un coche o la patilla de unas gafas, por ejemplo. La gran novedad de la ley consiste en la protección de la que gozarán durante tres años los diseños aunque no se registren.

En su exposición de motivos, la futura norma recuerda que esta novedad es especialmente relevante en España, donde sectores tan importantes como el de la moda, la cerámica, el mueble, la bisutería, la joyería o el juguete basan su competitividad en la fuerte rotación.

Se trata de industrias cuyas colecciones cambian con frecuencia, por lo que les resulta especialmente costoso el registro de cada nueva creación. Además, hasta ahora se exigía como requisito para acceder al registro que el diseño industrial no se hubiese hecho público. La futura ley introduce un periodo de 12 meses para poder registrar el diseño a partir del momento en que haya sido divulgado. La finalidad de la medida es permitir que el titular del diseño lo pruebe en el mercado antes de decidirse a registrarlo.

Trámites simplificados

En el texto de la futura ley que ha elaborado el departamento que gestiona Anna Birulés se aclara que se intenta proteger 'especialmente a los intereses de aquellos sectores que lanzan periódicamente mayor número de diseños, de ciclo corto y rápida sustitución, de los cuales sólo vale la pena registrar los más rentables'. El anteproyecto también contempla la introducción de mecanismos que agilicen el proceso de concesión del registro que, según Ciencia y Tecnología, se reducirá cerca de un 30%. Se simplificarán los pagos y se reducirán las cuantías de las tasas.

Además, la futura norma también permitirá pedir el registro hasta de 50 diseños a través de una sola solicitud.

Las comunidades autónomas serán las encargadas de recibir las solicitudes de registro de diseño y realizarán su examen formal para después remitirlo a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

La tutela jurídica será automática en toda la UE

 

 

 

 

El anteproyecto de ley que prepara el ministerio de Ciencia y Tecnología adaptará la legislación comunitaria, que ya prevé la protección jurídica durante tres años de los diseños industriales, aunque no lleguen a registrarse en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), con sede en Alicante, que es el organismo que además de dibujos y modelos registra las marcas comunitarias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El reglamento europeo prevé, al igual que lo hará la futura ley española, la protección jurídica de los diseños durante un periodo de tres años por el simple hecho de divulgar en el mercado los artículos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El derecho podrá invocarse ante los tribunales nacionales de cualquiera de los Estados miembros en el caso de que los propietarios del diseño lo consideren conculcado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El reglamento comunitario, que gestionará la OAMI a partir del próximo año, otorgará a los diseños registrados una protección de cinco años, prorrogables hasta un máximo de 25 años.

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