La inspección de antenas, un negocio disputado
En España hay más de 60 empresas dedicadas a la inspección de antenas de telefonía móvil. Proliferan al amparo de la ley, que obliga a adaptarlas antes del 30 de junio
El real decreto que aprobó el Ejecutivo el pasado septiembre para proteger a los ciudadanos de las emisiones radioeléctricas obliga a inspeccionar las 25.000 instalaciones de telefonía móvil existentes en España. Las operadoras disponen de un plazo, que finaliza el 30 de junio, para presentar un certificado como garantía de que sus instalaciones cumplen la normativa.
Las inspecciones las pueden realizar los técnicos del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, la ley no descarta que las telefónicas puedan contratar a sus propios ingenieros de telecomunicaciones o a terceras empresas para inspeccionarlas.
Ante esta circunstancia, están apareciendo numerosas compañías de inspección técnica -más de 60-, pequeñas y grandes, que están aprovechando este filón para hacer negocio. También 'surgen profesionales que a título individual están realizando el trabajo a más bajo precio', asegura Javier Sánchez, director de la empresa SGS, dedicada a esta actividad.
En este abanico de ofertas, advierte Sánchez, 'hay que tener presente que los profesionales que vayan a realizar la medición cuiden la calidad del trabajo, cuenten con respaldo jurídico y, sobre todo, tengan la independencia suficiente como para que el resultado de la inspección sea fiable'. Según Sánchez, 'sólo unas pocas empresas cumplen con los requisitos'.
En Cataluña, la normativa autonómica recoge que sólo compañías independientes y contratadas por la comunidad podrán inspeccionar las antenas. Estas empresas son LGAI y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnología.
SGS, compañía participada por el grupo Worms y la Unión de Bancos Suizos, ha realizado hasta ahora 250 inspecciones de antenas en España a un precio que oscila entre 300 y 1.000 euros por instalación. A juicio de Sánchez, 'las antenas cumplen con la normativa. El único caso irregular que hemos detectado no estaba relacionado con la telefonía, sino con la instalación de un radioaficionado'.
Uno de los problemas que surgen a la hora de medir las emisiones es la falta de unanimidad al establecer los niveles máximos. El real decreto aprobado por el Ejecutivo incluye cómo medir la instalación y establece unos límites de densidad de potencia.
Sin embargo, para los profesionales técnicos, 'hace falta un modelo que ponga fin a la confusión creada por la existencia de diferentes normativas de las comunidades, municipios y Estado'.
Entre los competidores de GSG están Norcontrol, que pertenece a Soluziona, o Cetecom, ubicada en el Parque Tecnológico de Málaga.