La crisis de las antenas de telefonía bloquea el despliegue de la red UMTS

Los fabricantes de equipos y los operadores de telefonía móvil se han reunido con altos cargos del Ministerio de Ciencia y Tecnología para mostrarles su preocupación por las 'enormes dificultades que tenemos para desplegar las redes de UMTS a causa de la alarma social por el posible efecto nocivo para la salud de las antenas'. Aseguran que, 'en estos momentos, por cada antena que conseguimos instalar nos quitan dos'. La respuesta del ministerio no es alentadora, según las empresas, ya que afirma que las competencias sobre la materia están transferidas a las autonomías.

Los fabricantes de equipos de telefonía móvil se han reunido recientemente con altos cargos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuya titular es Anna Birulés, con el objetivo de mostrarles la 'profunda preocupación del sector por las enormes dificultades que las empresas tenemos para desplegar las redes de UMTS a causa de la alarma social por el posible efecto nocivo para la salud de las antenas'.

Entrevistas con similar contenido han tenido como protagonistas a los operadores, quienes señalan que en los últimos tiempos ha sido muy costoso el despliegue de infraestructuras. Una de ellas ha llegado a afirmar que el año pasado sólo pudo instalar la mitad de las antenas que tenía previstas.

Según la versión de las reuniones que ofrecen las empresas, la posición del ministerio no es muy alentadora. Ciencia y Tecnología les remite a la reglamentación que se aprobó a finales de septiembre del año pasado, pero reconoce que en la vertiente sanitaria del problema las competencias están transferidas desde el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas.

Lavarse las manos

Operadoras y fabricantes interpretan que el ministerio se está lavando las manos y que tendrán que vérselas, como hasta la fecha, con la enorme diversidad de normas y de comportamientos con los que están teniendo que lidiar tanto en las comunidades como en los ayuntamientos.

La cuestión empieza a adquirir una relevancia especial porque se acerca la fecha en la que las operadoras deben cumplir con sus compromisos de despliegue de la tecnología UMTS. Birulés aseguró ayer que el 1 de junio se exigirán los compromisos de desarrollo de infraestructura previstos en la regulación, lo que implica la instalación de 750 estaciones base por cada uno de los cuatro adjudicatarios de licencias de tercera generación, Telefónica Móviles, Vodafone, Amena y Xfera.

Las empresas han señalado al Gobierno la incongruencia de condicionar el cumplimiento de unos compromisos, avalados con cuantiosas sumas, a un hecho que no controlan, como es la consecución de permisos para instalar antenas.

Las empresas mostraron también su preocupación por los efectos que puede tener sobre el proceso de despliegue de las antenas la proximidad de las elecciones municipales, previstas para los primeros meses del año que viene. Como es habitual, la cercanía de los comicios endurece la actitud de los ayuntamientos a la hora de facilitar los pertinentes permisos para un tema sobre el que existe una gran sensibilidad social.

Las empresas han solicitado del ministerio que medie ante la federación de municipios para solicitar que establezca algún criterio razonable en esta materia. En este sentido, los implicados están estudiando los pros y los contras de la aplicación de una tasa municipal sobre las antenas. Los contras están, obviamente, en el efecto que tenga en las cuentas, mientras que los más optimistas consideran que el interés de los ayuntamientos en aumentar la recaudación pueda facilitar la concesión de permisos.

Los planes de despliegue de red de las operadoras están teniendo muy en cuenta este problema e intentan aprovechar al máximo la ubicación de las actuales estaciones de GSM para hacerlas compatibles con los equipos de UMTS. Sin embargo, la nueva tecnología exige una mayor densidad de repetidores, lo que les obliga a buscar nuevos emplazamientos.

La crisis de las antenas también ha tenido otra repercusión y es el encarecimiento del alquiler de las ubicaciones. El año pasado, los precios subieron un 10% en el ámbito rural y se dispararon hasta el 15% en el urbano.