El Tribunal de la UE anulará el procedimiento contra Santana

El juez ponente del Tribunal de Justicia de la UE le ha dado la razón a España y pide la anulación del expediente de investigación abierto por la Comisión contra las últimas ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a Santana Motor, que ascienden a 35 millones de euros. Las conclusiones del juez, que anticipan el fallo del tribunal, implican que estas ayudas quedaron autorizadas formalmente en el verano de 2000, y no en octubre de 2001, cuando el Gobierno de la UE dio por buenas las subvenciones y cerró la investigación.

Las conclusiones del juez ponente del Tribunal de Justicia de la UE, que tienen fecha de 21 de febrero de este año, se inclinan del lado del Gobierno español, que impugnó la decisión de la Comisión Europea de abrir en el verano de 2000 un procedimiento de investigación contra la ampliación de capital y las últimas ayudas públicas de Santana Motor. En este litigio, en el que se discuten cuestiones de procedimiento sin entrar ninguna de las partes en el fondo de la cuestión, España sostenía que la investigación se abrió fuera de plazo.

Los hechos se remontan al verano de 2000. Tras más de dos meses sin recibir notificación alguna de la UE, la Junta de Andalucía estima que hay consentimiento por silencio administrativo y decide ejecutar una ampliación de capital y unas ayudas de 35 millones euros para Santana. Así se lo notifica el Gobierno español a las autoridades comunitarias el 28 de julio de 2000.

En aquel momento, la Comisión disponía de 15 días laborables para paralizar la ejecución de las ayudas. El Ejecutivo comunitario comunica el 23 de agosto la apertura del expediente y el juez ponente del Tribunal de Justicia sostiene, apoyando la tesis española, que el plazo para anular las ayudas culminó el 21 de agosto. Por su parte, la Comisión alega que el plazo no se había cumplido porque la decisión de abrir la investigación se adoptó el 17 de agosto, aunque se comunicara el día 23 de ese mes.

Silencio administrativo

De esta manera, las conclusiones del juez, que suelen anticipar el futuro fallo del Tribunal de Justicia de la UE, ratifican ahora que las subvenciones quedaron autorizadas por defectos de forma en el verano de 2000.

Pese a que la Comisión, entrando ya en el fondo, decidió en octubre del pasado año cerrar este expediente y considerar las subvenciones 'compatibles con el mercado', el procedimiento ante el Tribunal de la UE sigue su curso y previsiblemente culminará con un fallo que invalida la autorización comunitaria de octubre, según interpretan fuentes comunitarias. Es decir, las últimas ayudas públicas que ha recibido Santana Motor no se pudieron dar por buenas en octubre del pasado año porque ya habían sido autorizadas más de un año antes por silencio administrativo del Ejecutivo de la UE.

En sus consideraciones, el abogado general, Siegbert Alber, propone al Tribunal de Justicia que 'declare la anulación' de la apertura del procedimiento de investigación y que cargue las costas del litigio a la Comisión.

En la resolución comunitaria de octubre que consideraba las últimas subvenciones y ampliación de capital en Santana conformes al principio del inversor en una economía de mercado también se advertía que la empresa -participada mayoritariamente por la Junta- no podría recibir nuevas ayudas públicas. 'Toda ayuda estatal adicional (...) que España tuviese intención de conceder a Santana Motor (...) será incompatible con el mercado común', rezaba la resolución.

Esta determinación de la Comisión Europea obligó al Gobierno andaluz a diseñar un nuevo plan de viabilidad que ha culminado, pese a la dura resistencia de la plantilla, con la privatización parcial de la compañía. La venta del 60% de los activos de Santana ha evitado el cierre de la factoría de Linares (Jaén), que sigue aportando sustento económico a toda una comarca.