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La Junta andaluza cerrará Santana si no sella su venta en septiembre

Santana Motor está condenada a la venta de parte de sus instalaciones si quiere evitar el cierre. A esta conclusión ha llegado la Junta de Andalucía, que ya tiene preacuerdos con nueve empresas para privatizar el 85% de la actividad de la firma automovilística y el 60% de sus activos. La operación, que podría suponer la vuelta a los beneficios en un año, está pendiente del visto bueno de los trabajadores.

Santana Motor no puede recibir más inversiones públicas como se ha visto con la paralización, por parte de la UE, de la ampliación de capital prevista para reflotar la compañía. Sin subvenciones y cargada de pérdidas, la firma controlada por la Junta de Andalucía se verá abocada a cerrar sus puertas si no prospera el último plan de salvación diseñado para la empresa de Linares (Jaén).

La venta parcial de Santana, preacordada ya con nueve empresas a la espera sólo del visto bueno sindical, no sólo evitará el cierre, sino que le permitirá a la compañía entrar en beneficios en el primer año de nueva actividad. Así de claramente lo ha advertido el presidente de Santana, Salvador Durbán.

El mensaje está dirigido a la conflictiva plantilla de la factoría, que ya se ha dado por aludida y ha avisado que "no aceptará chantajes" a la hora de ratificar el plan de segregación con el que se pretende salvar la empresa.

El nuevo plan de acción de Santana, que perdió el pasado año más de 7.000 millones de pesetas (unos 42 millones de euros), tiene como piedra angular la creación de un parque de proveedores. En las mismas instalaciones de la firma se ubicarán, junto a otras auxiliares ya implantadas, las nueve empresas que finalmente se harán con otras tantas líneas de negocios a privatizar.

La nueva Santana, a su vez, se dedicará sólo a montar y vender coches, mientras que otras nueve áreas de actividad se subcontratarán. Entre otras metas, se trata de corregir la excesiva integración vertical de Santana y el consiguiente peso de sus costes fijos, ya que fabrica los coches en su totalidad, sin subcontratar apenas nada, en contra de la tendencia del sector.

La dirección de la empresa, que espera cerrar la operación de venta antes del 15 de septiembre con el beneplácito laboral ya en la mano, es optimista sobre la actitud de la plantilla a la vista de las condiciones que ha logrado arrancar a las nuevas auxiliares. Cuando faltan todavía flecos por cerrar, casi toda la plantilla está reubicada.

Solución para el empleo

Sobre 1.650 personas, unos 630 trabajadores se quedarán en la nueva Santana, que seguirá en manos de la Junta de Andalucía. Otros 600 empleados se acogerán a prejubilaciones, mientras que en torno a 420 pasarán a formar parte de las industrias auxiliares.

Las contratos de éstos últimos, según el preacuerdo con las empresas, serán fijos sin antigüedad. Los sueldos serán los del sector. Lo que no se ha podido lograr es mantener las retribuciones de hasta un 40% más altas que la media que presentaban algunas secciones.

La idea de la subcontratación, más que explotada en el sector del automóvil, supone además para el caso de Santana que la Junta podrá ayudar a la empresa subvencionando sus auxiliares, sin miedo a las sanciones de la Unión Europea.

Otra peculiaridad de esta segregación son las duras condiciones que parecen haber aceptado las empresas. La primera, la obligatoriedad de operar desde Linares.

Además del empleo, a las empresas que entrarán en Santana se les ha exigido que aporten inversiones y nuevos negocios. También deberán vender a Santana a un precio inferior al que ahora le cuesta fabricar a la matriz. Nueve empresas ya han anunciado 2.500 millones de pesetas (15 millones de euros) de inversión en el primer año de actividad.

 

El fantasma del estallido social del 95

El nuevo plan de salvación de Santana -el último, según advierte la Junta- consiste en subcontratar el grueso de la actividad que ahora desempeña Santana para hacerla viable, pero sin deslocalizar la riqueza que aporta a la comarca.

El objetivo de la Junta de Andalucía sigue siendo el mismo que cuando la firma japonesa Suzuki decidió abandonar Linares: mantener o incrementar en lo posible la renta de esta deprimida comarca de Jaén. Por aquel entonces, el Gobierno andaluz tuvo que hacerse cargo de la empresa, dada la explosiva repercusión social de la marcha de la empresa japonesa. Todavía hoy, a pesar de los esfuerzos públicos por reindustrializar la zona y evitar la total dependencia de Santana, la firma automovilística sostiene a Linares y a su comarca.

La prueba del peso de la empresa en la zona la aportaron las más de 30.000 personas que salieron a la calle en 1994 y 1995, cuando los 3.000 puestos de trabajo que entonces tenía la factoría suponían el 12% del empleo de la provincia de Jaén. Esta crisis se saldó con 1.300 empleos y la promesa de inversiones millonarias por parte de la Administración andaluza.

El fin de la solución del dinero público y la necesidad de la privatización fue impuesta a finales del año pasado por la Unión Europea, que ya no permitirá nuevas inversiones de la Junta.

Santana trata ahora de demostrar que es viable sin ayudas públicas en el duro mercado del automóvil. Su esperanza, si es que se logra la paz social con la plantilla, es el nuevo negocio y las inversiones que puedan aportar las empresas auxiliares.

Pero el fleco pendiente de los trabajadores no es una cuestión menor. La plantilla ha sido acusada de ser el principal lastre de Santana por unas exigencias laborales insólitas en el sector. Cuando Suzuki se marchó de Linares en 1995 alegó la conflictividad de la plantilla y su escasa productividad.

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