La UE, dispuesta a declarar ilegales ayudas de la SEPI a los astilleros
El ponente del Tribunal de Justicia de la UE se inclinó ayer a favor de que el Gobierno español recupere unas ayudas a los astilleros públicos por valor de 110,9 millones de euros (18.451 millones de pesetas). El subsidio, en forma de crédito fiscal, se remonta a julio de 1998, cuando los astilleros ya se habían integrado en la Sociedad Estatal de Participaciones (SEPI). La Comisión Europea se pronunció en su contra en 1999, pero el Gobierno de Aznar recurrió la decisión.
El conflicto entre Madrid y Bruselas por las ayudas a los astilleros se aproxima ahora a su última etapa judicial. El Gobierno español y el Ejecutivo comunitario cruzaron por el caso sendos recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE. Madrid, en contra de la decisión de ilegalizar las ayudas, y Bruselas, demandando el cumplimiento de la orden de recuperar los casi 111 millones. Los dos pleitos apuntan a una derrota de la Administración de José María Aznar.
El próximo 21 de marzo el tribunal fallará en el recurso de España, pero las conclusiones del juez ponente ya pedían que se ratifique la decisión comunitaria. Ayer se conocieron las conclusiones del abogado general en el segundo caso y también apuntan a exigir que España recupere las ayudas presuntamente ilegales.
El pleito arrancó en 1997, cuando la Comisión autorizó un programa de ayudas estatales para la reestructuración de los astilleros públicos españoles por valor nada menos que de 1.376 millones de euros (229.000 millones de pesetas). Esa suma incluía un crédito fiscal de 349 millones como máximo (58.000 millones de pesetas) para el periodo 1995-1999.
El Gobierno decidió entre tanto transferir la propiedad pública de los astilleros a la SEPI, sociedad que ya gozaba del derecho a compensar fiscalmente los beneficios de alguna de sus áreas de negocios con las pérdidas registradas en otras actividades.
Aun así, el Gobierno decidió conceder en julio de 1998 otro crédito fiscal especial a los astilleros, por valor de 110,9 millones. Bruselas consideró que esa ayuda extra no estaba justificada y era incompatible con la autorización inicial de 1997. El veredicto del Tribunal, con sede en Luxemburgo, llegará el 21 de marzo. Todo apunta a que será en contra del Gobierno español.
Ayer, de momento, el ponente de Luxemburgo se decantó en contra de la negativa española a recuperar las ayudas. El tribunal sigue en un 80% la propuesta de sentencia de los ponentes, que en ambos casos desechan los argumentos de la Administración española.
Estas conclusiones judiciales llegan sólo un día después de que el tribunal comunitario se pronunciase en contra de las ayudas fiscales de la Diputación Foral de Álava que pretendían atraer inversión a la provincia. Luxemburgo ha fallado en contra, en concreto, de los créditos fiscales a la empresa coreana Daewoo y al fabricante español de cápsulas de estaño para sellado de botellas Ramondín.