Las comunidades se comprometen a tener equilibrio fiscal hasta 2005
El Consejo de Política Fiscal y Financiera concluyó ayer con acuerdo para establecer el equilibrio fiscal de las comunidades autónomas en 2003, 2004 y 2005. De las 17 comunidades, 10 votaron a favor (las del PP más Cataluña, gobernada por CiU, y Canarias). El País Vasco estuvo ausente.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria, que entró en vigor en enero, exige a todas las Administraciones públicas que desaparezca el déficit de sus cuentas para dar mayor sostenibilidad presupuestaria a cada una de ellas. Y eso es precisamente lo que se acordó ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un órgano mixto que cuenta con representantes del Ejecutivo central y de los autonómicos.
Precisamente éste es el argumento que utilizó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para pedir a las Administraciones territoriales que apoyasen su propuesta. Hacienda, así, abandonaba su idea inicial de alcanzar superávit a cambio de asegurarse el déficit cero en todas ellas.
El ministro consiguió su objetivo gracias a los votos de los Ejecutivos regionales en donde gobierna el PP, que son mayoría en el consejo.
Las comunidades socialistas se mostraron de acuerdo en alcanzar el equilibrio pero criticaron abiertamente que se fuerce este hecho por ley, por lo que decidieron rechazar la propuesta. Aragón, Asturias y Castilla-La Mancha han anunciado ya sendos recursos ante el Tribunal Constitucional por 'invadir las competencias autonómicas' a través de una ley, a la que también se opone Cataluña, que, sin embargo, defendió ayer el equilibrio fiscal en el CPFF.
Deuda
Durante la reunión, el consejero catalán de Economía, Francesc Homs, propuso un 'plan de redistribución' del endeudamiento público global que exija un esfuerzo mayor de saneamiento al Gobierno central. Homs insistió en que la Administración central debe corregir su endeudamiento acumulado 'porque es la que está más endeudada'. De hecho, el Estado acumula el 85% de la deuda pública frente al 10% de las comunidades autónomas y el 5% de los ayuntamientos.
Esta idea la defendieron también otras comunidades como la asturiana, que propuso que la capacidad para endeudarse dependa del porcentaje de gasto de cada autonomía en relación con el gasto público total. Este asunto seguirá debatiéndose en las próximas reuniones del CPFF, así como la posibilidad de que unas comunidades puedan compensar su déficit con el superávit de otras. 'Tenemos un mes para discutir este último punto; si no se ponen de acuerdo, la ley dice que cada una de ellas deberá mantener el equilibrio', dijo a la salida de la reunión la secretaria de Estado de Presupuestos, Elvira Rodríguez.
Por otro lado, el Consejo de Ministros fijará hoy el techo máximo de gasto del Estado -ésta es la única Administración para la que se establece un límite- para el próximo año, tal y como estipula la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Posteriormente será enviado al Congreso de los Diputados, junto a los objetivos de estabilidad de todas las Administraciones públicas. Cristóbal Montoro no quiso desvelar ayer la cuantía del citado techo pero anunció, en un foro organizado por Europa Press y Nueva Economía, que éste llevará implícito 'una cifra de crecimiento del gasto similar a la de 2002, es decir, un aumento moderado del gasto para el próximo ejercicio'.
El presupuesto inicial de gastos del Estado para 2002 asciende a 142.396,6 millones de euros (23,69 billones de pesetas), de los que 112.000 millones de euros corresponden a operaciones no financieras (gastos corrientes y de capital). En la fijación del techo máximo de gasto del Estado para 2003, Montoro indicó que se ha tenido en cuenta un escenario con 'un mayor crecimiento económico que en 2002', y la limitación de ingresos tributarios por la nueva rebaja del IRPF, que entrará en vigor el próximo año.