Los expertos critican las barreras legales a los despidos colectivos

España es uno de los países europeos con una legislación más rígida y más cara para casos de despido por causas económicas. Así lo reconocieron ayer varios expertos en derecho laboral, quienes señalaron como uno de los factores que contribuyen a mantener esta situación el hecho de que en España los despidos colectivos deban ser autorizados por la Administración.

España y Holanda son los únicos países de la Unión Europea en los que es obligatorio someter los despidos colectivos a una autorización administrativa previa, de forma que esa decisión no depende únicamente del criterio de cada empresario y del control de los tribunales. Así lo explicó ayer Fabián Márquez, presidente de Analistas de Relaciones Institucionales y asesor de CEOE, durante unas jornadas organizadas por la APD y Adecco para debatir los problemas que plantea la reducción de plantillas en épocas de crisis.

Márquez, quien calificó la legislación laboral española como 'una de las más tuteladas y asfixiantes de Europa', criticó la mala organización del mercado laboral español y recordó que el exceso de contratos temporales se explica porque 'es el único colchón que tiene la empresa para afrontar las épocas de crisis'. El asesor de CEOE señaló, además, la dificultad de lograr que la Administración atienda a la necesidad que tienen los empresarios de ajustar las plantillas al ciclo económico y el perjuicio que causa a las empresas el retraso en autorizar estos despidos.

En la misma línea se pronunció el magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Aurelio Desdentado, quien abogó por eliminar la autorización administrativa y por aplicar a los despidos por causas económicas el mismo régimen que al resto, es decir, someter la decisión únicamente al control de los tribunales de justicia. 'No tenemos un régimen jurídico adecuado para los despidos económicos. Es nuestra asignatura pendiente', afirmó el magistrado. Desdentado mantuvo que la dualidad de sistemas que existe para los despidos (con control administrativo y sin él) únicamente causa 'confusión' y recordó el elevado coste de tiempo y recursos que provoca la necesidad de contar con el control de la Administración.

'Nos movemos en márgenes de espera de hasta siete años y eso no lo tolera ningún sistema', aseguró el magistrado del Supremo, quien calificó el sistema actual de 'gravísimamente funcional' y recomendó su reforma.

Las causas de la extinción laboral, a examen

 

La regulación de las causas que justifican el despido colectivo (económicas, técnicas, organizativas y de producción) en la legislación laboral española es 'complicada e inadecuada'. Así lo aseguró ayer el magistrado del Tribunal Supremo Aurelio Desdentado, quien criticó especialmente el hecho de que el Estatuto de los Trabajadores exija que la causa que aduce la empresa para el despido sea necesaria para superar la crisis económica o lograr la viabilidad de la empresa.

 

 

 

 

 

 

 

'Es un sistema muy complejo y de difícil aplicación para los jueces', señaló el magistrado, tras explicar que es imposible que los tribunales puedan averiguar si la medida va a provocar la superación de la crisis en la empresa porque 'no cuentan con una bola de cristal'. El juez del Supremo abogó por obligar al empresario a probar que necesita eliminar el puesto de trabajo, pero por liberarle de probar que esa medida garantizará la viabilidad del negocio. En su opinión, España 'debe cambiar la filosofía de la regulación del despido'.