El PSOE propone mejoras a los mayores de 65 años que sigan trabajando
El Grupo Parlamentario Socialista presentó ayer varias enmiendas al articulado del real decreto de jubilación gradual y flexible, cuyo texto comenzará a debatirse mañana jueves como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados.
Las enmiendas socialistas proponen, entre otras cosas, más incentivos para los mayores de 65 años que continúan trabajando. Así piden que por cada año que continúen trabajando más allá de la edad de jubilación su futura pensión se incremente un 4% anual en lugar del 2% estipulado ahora.
Según el real decreto, los empresarios quedan exentos de pagar las cotizaciones sociales por los trabajadores. Pues bien, los socialistas propones sustituir dicha exención por bonificaciones del 100%, con el fin de no mermar los ingresos de la Seguridad Social.
El PSOE propondrá también que los nuevos coeficientes penalizadores de las cuantías de las pensiones de aquellos que se jubilan antes de los 65 años se apliquen también a los trabajadores ya prejubilados, ya que los nuevos coeficientes recortan menos la cuantía de las pensiones que los vigentes antes del real decreto. Según dicho decreto los nuevos coeficientes sólo son aplicables a los trabajadores que se prejubilen desde el pasado uno de enero.
Otra de las enmiendas de los socialistas persigue que el trabajador mayor de 65 años que siga trabajando pueda acogerse a la situación de invalidez permanente total si esta se produce, en lugar de tener que jubilarse obligatoriamente.
Asimismo, propondrán que, cuando se continúe trabajando más allá de los 65 años, no se tenga en cuenta el incremento del IPC medio durante los últimos años a la hora de calcular la cuantía de la pensión, sino los incrementos previstos en el convenio colectivo por el que se rija el trabajador.
Sólo el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha presentado una enmienda a la totalidad; mientras que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado enmiendas de carácter técnico, que no modifican sustancialmente el contenido del real decreto. Con este trámite se plasma en ley el acuerdo de pensiones firmado en abril por el Gobierno, CC OO y la CEOE.