El Gobierno se compromete a vaciar las arcas de ETA con la ayuda de los bancos
Una comisión de vigilancia adscrita al Ministerio del Interior tendrá competencia para bloquear todo tipo de transacciones económicas que considere ligadas a organizaciones terroristas. El Gobierno subrayó ayer que sus decisiones estarán sometidas en todo caso al control judicial para garantizar los derechos de los ciudadanos.
El vicepresidente primero y ministro del Interior, Mariano Rajoy, afirmó ayer que la futura Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo que el Gobierno acaba de enviar a las Cortes será un instrumento básico para intentar taponar los ingresos de las organizaciones terroristas y de quienes las apoyan. El Gobierno pretende con este proyecto vaciar las arcas de ETA y estrangular sus finanzas, en paralelo al aislamiento económico y político de Batasuna. Sin embargo, Rajoy no facilitó detalles sobre la forma en que la ley se aplicará en la práctica. Su contenido sólo ha sido trasladado al PSOE 'en sus líneas básicas'.
La norma, pendiente de su trámite parlamentario, prevé la creación de una comisión de vigilancia, a la que se dotará de competencias para intervenir todo tipo de transacciones y movimientos de capitales, así como para prohibir la apertura de cuentas en entidades financieras cuando el ordenante, el emisor, el titular o el destinatario de estas operaciones sean personas o entidades vinculadas a grupos terroristas.
La comisión estará presidida por el secretario de Estado de Seguridad y en ella se sentarán vocales del ministerio fiscal, así como de los departamentos de Justicia, Interior y Economía.
Respeto al poder judicial
Las decisiones que adopte la comisión en este ámbito respetarán, aseguró Rajoy, las potestades del poder judicial para garantizar los derechos de los ciudadanos. De hecho, añadió, tendrán carácter preventivo y para prorrogarse por un tiempo superior a seis meses necesitarán de autorización judicial expresa. Sus resoluciones podrán ser recurridas a través de la vía contencioso administrativa.
El proyecto de ley exige a las entidades financieras algunas obligaciones, como comunicar a la comisión de vigilancia cualquier hecho u operación sobre la que haya 'indicios racionales' de su relación con la financiación de actividades terroristas.
La Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Dirección General de Seguros y el resto de organismos con competencias supervisoras en materia financiera quedarán obligados a ceder los datos de carácter personal que solicite la comisión de vigilancia.
La futura ley incorpora también algunos de los requisitos que deberán reunir los particulares o las entidades para que los bancos con los que operen puedan considerarlos bajo sospecha. En este apartado se introduce a las personas cuya vinculación con organizaciones terroristas haya sido reconocida en una resolución judicial; las que actúen como administradores de hecho o de derecho de grupos terroristas; aquellas entidades en cuyo órgano de gestión o administración participen 'con influencia significativa' otras personas u organizaciones controladas por una organización armada, o las personas o sociedades creadas para ocultar la verdadera identidad de los beneficiarios de operaciones económicas relacionadas con el terrorismo.
La entrada en vigor de esta norma obligará a cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Cabanillas no aclara si filtró el bulo sobre González
El encuentro con los periodistas posterior al Consejo de Ministros comenzó ayer en un tono cómico, debido a la risa incontenida del vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, provocada por un comentario que el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, le hizo al oído. Sin embargo, finalizó en un clima tenso, previsto en alguna nota interna que se cruzaron los asesores de La Moncloa, calentado por las respuestas mitad elusivas, mitad provocadoras del ministro portavoz, Pío Cabanillas, sobre su papel en el montaje que quiso convertir en realidad la falsa entrevista entre el ex presidente del Gobierno Felipe González y el primer ministro marroquí Abderramán Yusufi.
Los numerosos intentos de los periodistas para conocer de boca de Cabanillas nuevos detalles sobre la difusión oficial de esta falsa noticia chocaron con una especie de frontón. El ministro no sólo se negó a aclarar si fue él en persona quien filtró el bulo al diario El Mundo. También se permitió preguntar en público a una periodista sobre sus fuentes de información cuando le suscitó la posibilidad de que el Centro Superior de Información de la Defensa estuviera detrás del escándalo. Cabanillas se limitó a confirmar que todavía no ha puesto su cargo a disposición del presidente del Gobierno. Para arroparle, los vicepresidente primero y segundo, Mariano Rajoy y Rodrigo Rato, comentaron en tono de broma que ellos tampoco han dado este paso.
Del tono dado ayer por los tres a la rueda de prensa se deduce que la estrategia del Gobierno para encarar este sonoro resbalón descansa todavía sobre ese 'episodio anecdótico' con el que el titular de Exteriores, Josep Piqué, intentó zanjar el pasado miércoles la polémica. De hecho, Cabanillas insistió ayer en que su origen no es otro que una 'mala información' procesada a través de la embajada española en Marruecos. El dique destinado a proteger a los escalafones superiores sigue colocado, pues, sobre el embajador Fernando Arias-Salgado, al que oficialmente se sigue apoyando.
Cabanillas, al igual que Piqué, considera normal que dentro de su misión diplomática figure informar a Madrid sobre la visita y la agenda privada de un ex presidente de Gobierno a un país extranjero. El Ejecutivo mantiene que a la 'mala información' transmitida también se le ha puesto remedio. Para ello, el ministro portavoz recordó que tanto Piqué como Arias-Salgado han pedido disculpas a las autoridades marroquíes y que éstas han sido aceptadas de buen grado. Tanto es así, añadió Cabanillas, que las relaciones diplomáticas han mejorado y el embajador del reino alauita estaría a punto de regresar a la legación de Madrid.
Estas impresiones no se reflejan en la prensa marroquí. El semanario Maroc Hebdo sostiene que la especialidad del Cesid es 'la intoxicación'. Al Alam, órgano del partido de la mayoría gubernamental, concluía ayer que 'la red de informantes que emplea España en Marruecos es de una mentalidad enferma'.