La primera demanda contra la CNMV implica a Economía
La demanda por responsabilidad patrimonial presentada por tres empresas inmobiliarias contra la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por los fallos en la supervisión de Gescartera se extiende también al Ministerio de Economía, al que se reprocha haber transformado esta firma en agencia de valores.
Los abogados de las empresas Geseurosa, Inversiones Inmobiliarias Ríos Rosas y Alvamar basan la demanda por responsabilidad patrimonial presentada contra la CNMV en una extensa prueba documental a través de la que pretenden demostrar la vulneración por parte de esta institución de la Ley del Mercado de Valores en las labores de supervisión y procedimientos sancionadores.
En la demanda se hacen recaer también las responsabilidades sobre el Ministerio de Economía, por autorizar la conversión de Gescartera en agencia de valores. Estos fallos fueron, a juicio de los demandantes, causa directa de su pérdida patrimonial. A partir de estos razonamientos reclaman una indemnización multimillonaria. 'Con esta demanda de responsabilidad patrimonial no pretendemos en ningún momento buscar implicación política alguna. Simplemente consideramos que funcionaron mal las funciones de supervisión y control que corresponden a la CNMV, por lo que la responsabilidad recae también sobre el Ministerio de Economía', señalaron a este periódico los abogados de las citadas empresas.
Mayores controles
En opinión de los demandantes, la Ley del Mercado de Valores debe regular la actuación de las sociedades de inversión de forma que su actuación pueda ser controlada para que cada inversor pueda conocer en todo momento qué se hace con su dinero desde que entra hasta que sale, así como acceder a la identidad del responsable de cada movimiento dentro de la sociedad de inversión.
A su juicio, este control es posible mediante la aplicación de procedimientos organizativos e informáticos como los establecidos en la Ley de Protección de Datos.
El Gobierno, a través de una respuesta parlamentaria que ha remitido al diputado socialista Ángel Martínez Sanjuán, reitera que actuó de forma correcta al autorizar la conversión de Gescartera en agencia de valores.
A juicio del Ejecutivo, Gescartera reunía 'efectiva y claramente' todos los requisitos previstos en la normativa del mercado de valores para ser elevada de rango.
Además recuerda que la responsabilidad en la tramitación de los expedientes de transformación recae sobre la CNMV.
La conversión de la entidad de Antonio Camacho en agencia de valores fue duramente criticada por la oposición en los trabajos de la comisión de investigación, al descubrirse que se autorizó el mismo día en que se sancionó a la empresa de inversión, a pesar de que no se llegó a materializar nunca la principal condición que impuso la CNMV para su transformación: la entrada de la Fundación ONCE en la entidad con una participación total del 33% de sus acciones.