El resultado de la sensatez
El acuerdo alcanzado a última hora del miércoles entre la Administración del Estado y las Haciendas forales y el Gobierno de Vitoria para la renovación del Concierto Económico, después de más de un año de negociaciones, debería ser el primer paso hacia una normalización institucional en el País Vasco.
La firma de este pacto que regula las relaciones tributarias entre Euskadi y el Estado, más allá de su evidente trascendencia fiscal y económica, debería convertirse en el inicio de un proceso de relajamiento de las tensiones y de recuperación de una relación política normalizada entre las formaciones democráticas y entre los dos Gobiernos, el central y el autónomo.
Como ha quedado de relieve con el acuerdo sobre el Concierto, la exacerbación de los intereses partidistas puede quedar eclipsada por el trabajo en común y el esfuerzo para resolver los problemas reales de los ciudadanos. Las dificultades para la firma del Concierto parecían insalvables hace tan sólo unas semanas. Sin embargo, ambas partes han sabido superarlas sin que nadie pueda aparecer como vencedor o derrotado. Ganan las dos partes, como en todo conflicto resuelto en democracia mediante las armas del diálogo.
La apelación al diálogo no es gratuita. El País Vasco tiene ya Concierto, que es la base de su sistema fiscal específico, pero carece de unos Presupuestos Generales dignos de tal nombre, debido a un prolongado desencuentro entre los partidos democráticos. En breve se iniciará en el Parlamento el debate para aprobar créditos adicionales.
Temas como la seguridad de las personas amenazadas -una lista que lleva camino de convertirse en interminable-, las ayudas a las víctimas del terrorismo o el arranque de proyectos de inversión deben cerrarse cuanto antes, con las dotaciones presupuestarias adecuadas. Así, se garantizaría un mínimo de estabilidad al sistema y se avanzaría hacía un clima de convivencia política tan necesario entre los partidos democráticos.
El nuevo Concierto Económico pactado, que pasa a ser de duración ilimitada, es en líneas generales bueno para el País Vasco y lo es también para el Estado. La comunidad autónoma vasca, a pesar de determinadas interpretaciones que siguen calificando el sistema de 'privilegio', cumple sus deberes con la Hacienda central y paga su cuota de redistribución de la riqueza, en beneficio de las comunidades españolas menos favorecidas.
Han hecho bien los negociadores vascos en sacar fuera del texto del Concierto su aspiración a participar en los órganos de la Unión Europea en los temas que afecten al peculiar sistema fiscal vasco. La retirada es más bien táctica y posiblemente tardía, pero lo cierto es que deja en el alero del Gobierno de José María Aznar una cuestión por la que suspiran incluso comunidades gobernadas por su propio partido, como es el caso de Galicia.